El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat que "sin excusa alguna" garantice "de inmediato y sin dilaciones" la vacunación a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, para que en diez días alcance la misma proporción que a los Mossos.

Así lo ha acordado la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC en un auto, que se puede recurrir, en el que estima la medida cautelar solicitada por el Sindicato policial JUPOL y la Asociación de la Guardia Civil JUCIL para que la Conselleria de Salud empiece a vacunar contra la covid de forma inmediata y generalizada a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.

El Alto Tribunal catalán, que ha notificado personalmente su resolución a la consellera de Salud, Alba Vergés (ERC), considera que, sin prejuzgar lo que decida cuando analice el fondo del asunto, se aprecia en este caso una "apariencia de discriminación" en perjuicio de los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el proceso de vacunación contra el coronavirus en Cataluña.

En este sentido, el TSJC subraya que son "elocuentes" los datos aportados por la Generalitat en este proceso, en que la Conselleria de Salud ha detallado que el pasado 22 de abril estaban vacunados en Cataluña el 80,3 % de los efectivos de los Mossos d'Esquadra, el 79,1 % de la Guardia Urbana de Barcelona, el 71,2 % de las policías locales, el 9,9 % de la Policía Nacional y el 6,3 % de la Guardia Civil.

En contra de lo sostenido por la Generalitat en sus alegaciones, el TSJC considera que ordenar que se vacune ya a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para alcanzar en diez días el mismo porcentaje que en los Mossos d'Esquadra no tiene por qué traducirse en un "perjuicio" para otros grupos de población.

"Máxime si tenemos en cuenta las nuevas remesas de dosis de vacuna y el hecho de que el contingente de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña sea reducido", apunta la sala.

De hecho, al TSJC no le parece "razonable" que "a estas alturas, habiéndose vacunado el grueso de los cuerpos policiales catalanes, se siga relegando a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con destino en Cataluña".

Por este motivo, el Alto Tribunal catalán ordena a la Generalitat que garantice de inmediato la vacunación contra el coronavirus a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que prestan servicio en Cataluña, de forma que en un plazo máximo de diez días la vacunación de este colectivo haya alcanzado la misma proporción que en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra.

Una vez cumplido ese plazo de diez días, el TSJC da dos días de margen de máximo a la Conselleria de Salud para que informe al juzgado del estado de ejecución de este proceso de vacunación.

Además de notificar su resolución personalmente a la consellera Vergés, el TSJC la advierte de que en un plazo máximo de cinco días su departamento deberá comunicar al tribunal el cargo y los datos de identificación de la autoridad responsable del cumplimiento de esta orden judicial.

Transcurrido ese plazo de cinco días, si la Generalitat no ha detallado el responsable, el TSJC considerará que la autoridad responsable de este proceso de vacunación a policías y guardia civiles es la titular del Departamento de Salud.

En su resolución, el TSJC impone además las costas de ese proceso a la Conselleria de Salud, hasta un máximo de 1.000 euros.

Para el tribunal, no son necesarias "demasiadas pruebas" para entender que la demora en la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña que están en activo les puede situar en una situación de "riesgo para su salud, incluso de riesgo grave o irreparable, superior a otros grupos de población".

La Generalitat pidió al TSJC que rechazara la medida cautelar solicitada por JUPOL y JUCIL, en un escrito en que negó cualquier trato "discriminatorio", alegó que se está vacunando a policías nacionales y guardia civiles de entre 60 y 65 años y advirtió de que si se modificaba su planificación se podría "poner en riesgo" la "pronta vacunación de la población de mayor riesgo".

Para la sala, que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil de entre 60 y 65 años hayan sido vacunados "en atención a su edad y no a su condición funcionarial" no aporta ningún elemento susceptible para rechazar la petición de JUPOL y JUCIL.

Por su parte, la Fiscalía Superior de Cataluña había instado al TSJC a ordenar la reanudación de la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles que ejercen en esta comunidad, al considerar que sufren una "clara e injustificada situación de discriminación" respecto a los Mossos.

Paralelamente, la Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional ha anunciado que este lunes formalizó una querella contra las autoridades sanitarias catalanas por excluir a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el proceso de vacunación en Cataluña.