El Ejecutivo calcula que en 2024 se podría implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías, buscando un acuerdo social y político, según recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Ejecutivo sostiene que, de acuerdo con la experiencia internacional, de 2 a 3 años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar este sistema de pago por uso a nivel nacional.

Según recoge en el documento, esta medida formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Gobierno pretende introducir en España los principios de "el que contamina paga" y "el que usa paga".

Se espera que en el primer semestre de 2021 se eleve el texto al Consejo de Ministros para una primera lectura y que se apruebe en el segundo semestre de 2023.

La introducción de un sistema de ingresos que garantice fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal será tratado con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones.

Los particulares también se verán afectados, por lo que hasta el año 2024 se llevará a cabo una campaña de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida. El Ejecutivo espera cierto rechazo inicial de la población en general, por lo ve aconsejable unas tarifas asumibles, escalables y progresivas.

Asimismo, se contemplan reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos más desfavorecidos o a los usuarios habituales en ciertos tramos.

Déficit de mantenimiento

Actualmente, la red estatal supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son carreteras de alta capacidad, siendo la más extensa de Europa.

El Ejecutivo señala que los costes de conservación son crecientes y que no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios, lo que está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como un deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial.

Por ello, entiende que imponer un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, generar incentivos hacia una mayor eficiencia de este modo de transporte y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En el caso de los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, se prevé impulsar las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores.

Con estos peajes en las autovías, se pretende dotar al sistema de un mecanismo para garantizar su sostenibilidad financiera, introducir incentivos a los vehículos más sostenibles y eficientes e internalizar los costes externos ligados a factores como el impacto medioambiental (contaminación, ruido, ocupación del espacio), congestión o mantenimiento de las infraestructuras. 

Rechazo de los empresarios

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Jaime López, expresó la “absoluta oposición” de la patronal gallega a la posibilidad de que el Gobierno empiece a cobrar por el uso de autovías y carreteras convencionales a partir de 2024.

“Queremos manifestar nuestra absoluta oposición a esta nueva carga fiscal, como no podía ser de otra manera”, dijo Jaime López en declaraciones a Efe.

De hecho, afirmó que la propia Confederación de Empresarios de Galicia ya avisó en numerosas ocasiones que la “presión fiscal es insoportable en este país”, como “para pensar en una medida de este calado”.

Desde su punto de vista, provocaría efectos “muy importantes en la economía de las familias”, pero también afectaría de forma muy nociva a las cuentas y a la actividad de las propias empresas.

Por ello, afirmó que “si hay que reequilibrar los presupuestos” del Estado, “a lo mejor hay que empezar a pensar en una reforma profunda de la administración pública, en vez de seguir cargando” el peso de todo ese coste “sobre los contribuyentes”.

La DGT, a favor

El director General de Tráfico, Pere Navarro, se muestra partidario de implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado. "En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos", ha afirmado.

El responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha defendido esta posibilidad en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado, para explicar las política del Gobierno en materia de seguridad vial y las últimas reformas aprobadas para reducir el número de víctimas de accidentes de tráfico.

Precisamente, el Gobierno ha dado a conocer este miércoles en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, que baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: "quien contamina paga" y "el que usa paga".

Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida.