El consumo grupal de bebidas alcohólicas en la vía pública es una práctica prohibida en Galicia cuya creciente extensión la Xunta quiere combatir de modo más severo, con precintos nocturnos de playas, parques y plazas, para tratar de frenar la explosión de contagios de coronavirus en los no vacunados.

El primer fin de semana de apertura de ocio nocturno, tras mucho tiempo hibernando, hizo saltar las alarmas y que resultase previsible lo que vendría a continuación.

Baiona (Pontevedra), 200 jóvenes la madrugada de aquel domingo en el parque de A Palma y la Muralla de Monte Boi. Una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil para el Val Miñor. El alcalde, Carlos Gómez, contrariado: "Esto es imposible de controlar".

Lugo. El botellón es el causante de que las infecciones se hayan disparado. La alerta es del gerente del área sanitaria, Ramón Ares. Hay hosteleros, como los de la Rúa Nova, que denuncian peleas y violencia en las calles.

El portavoz del gobierno local de la ciudad amurallada, Miguel Fernández, no cree el actual un sistema inviolable: "Un precinto en una entrada no impedirá ni acceder a su interior ni cambiar de ubicación".

Ourense. Música alta el jueves y gritos en As Mercedes, uno de los puntos calientes, como lo es A Estrela. Los agentes venían de trabajar a destajo el pasado fin de semana, cuando dispersaron hasta siete puntos de botellón.

Otras veces se quedan en conatos, como ocurrió hace una semana en el lugar de O Carrizo, en A Zapateira; en la plaza Jorge Guillén, en Fonteculler; y en la calle Templarios, en O Burgo. La Policía Local de Culleredo impidió las concentraciones.

Pontevedra. Recinto Ferial. Desalojo rápido y sin incidencias. La portavoz del ejecutivo municipal, Anabel Gulías, avisa, en términos generales: "más allá de nuestro propio goce durante el verano y las vacaciones, nos jugamos la recuperación económica de muchos sectores".

Regidores como el de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, o el de Nigrán, Juan González, sienten que les faltan medios.

Resarcimiento, euforia, intento de recuperar el tiempo perdido, pérdida de consideración e incluso de vergüenza e inhibición... Estas son las causas que se esconden detrás de esta práctica ilícita, la cual se castiga con penas de hasta 300 euros, y que además desencadena conflictos y enfrentamientos entre los vecinos de las zonas donde son habituales y los que promueven tales comportamientos.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que esta semana ha recordado que el botellón ya estaba prohibido desde antes de la pandemia y que las entidades locales deben velar por el cumplimiento de la norma, se ha mostrado seguro de que "todos harán un esfuerzo" para tratar de blindar la salud pública de los gallegos.

Hay "cosas importantes" en juego, ha ahondado, como esa, la salud de la gente; aparte de las cuarentenas de jóvenes, la reputación ante el turismo, y algo que ya se había "conseguido", que Galicia sea uno de los "lugares más seguros".

Como la crisis sanitaria es diferente en este momento, las restricciones también han de serlo, ese es el criterio del comité clínico, y para que no se geste un verano de descontrol a las 00:00 de este sábado entró en vigor la orden que obliga a los ayuntamientos a precintar parques, plazas y playas durante la noche.

Galicia exige, además, la presentación de una PCR negativa en las 48 horas previas al uso de locales de ocio nocturno en aquellas zonas que estén en riesgo medio.

Son una decena: Culleredo (A Coruña), Ourense, Barbadás y Ribadavia (Ourense) y Caldas de Reis, Poio, Pontevedra, Redondela y Salceda de Caselas (Pontevedra). En hostelería y restauración, vuelve para ellos el 50 % en terrazas y 30 % en interior.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aplaude la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en época de vacaciones, con las plantillas mermadas y con más actuaciones que atender, y pide una vez más responsabilidad, pues ese civismo es el que "nos ayudará a salir".

Los locales de la noche gallega, defiende, "tienen derecho a seguir funcionando después de tantos meses sin poder hacerlo". Es lo que declaró tras la última reunión de la sala de control de operativos (Sacop).

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha prometido intensificar los controles pero ha introducido un aviso a navegantes en este debate: que el gobierno de Núñez Feijóo incorpore a la Delegación y a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) a los órganos de consulta y toma de decisión antes de aprobar normas que afecten a operativos policiales.