El Govern sí usará finalmente al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para avalar las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a los ex altos cargos de la Generalitat, una posibilidad que ayer martes descartó el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró.

Así lo ha anunciado este miércoles el propio Giró en la sesión de control al Govern en el Parlament, el mismo día en que vence el plazo para abonar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas.

El 6 de julio, el Govern aprobó por decreto la creación de un fondo con dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los 34 ex altos cargos a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por haber promocionado con dinero público el "procés" en el extranjero, pero ayer Giró reconoció que no han encontrado ningún banco que avale las fianzas y descartó recurrir al ICF como plan B, para no poner en riesgo a sus profesionales.

Sin embargo, tras reunirse esta mañana con el presidente catalán, Pere Aragonès, en el Parlament, el conseller ha anunciado un giro en su decisión: "He recibido llamadas estas horas de gente del ICF que ha pedido por favor que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley. Esto es lo que haremos".

Giró ha afirmado que la decisión de no avalar a través del ICF se tomó "por prudencia" y para "proteger" a los trabajadores del instituto, aunque ha reconocido este miércoles que sus palabras "de algo sirvieron".

"Sirvieron para que haya recibido llamadas de gente del ICF que me ha pedido por favor que por ellos no quede, y que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley", ha señalado en respuesta a una pregunta de la diputada de JxCat Elsa Artadi.

Y ha agradecido la "generosidad" a los trabajadores del ICF, aunque ha pedido tomar el anuncio "con toda la prudencia que recomienda la experiencia".

El martes, el Govern anunció tras su reunión semanal que no había encontrado ningún banco que avalase las finanzas del Tribunal de Cuentas.

El fondo iba a funcionar con un mecanismo similar al de un seguro privado: una entidad privada avalaría las finanzas con un contraaval de la Generalitat a través del ICF.

Esta tesitura propició que los partidos y entidades activasen otras vías para reunir el dinero de las fianzas, ya sea a través de la Caja de Solidaridad o pidiendo donativos directamente, como fue el caso de JxCat.