La titular del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid ha citado al exinspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigó la Gürtel, Manuel Morocho, para que acuda a declarar el próximo 14 de septiembre a raíz de la querella interpuesta por los líderes de la trama por presunta falsificación documental.

En una providencia de 19 de julio, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Belén Sánchez ha fijado fecha de declaración para el inspector Morocho y otro funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en calidad de querellados y para otros 11 agentes en calidad de testigos.

La investigación responde a la querella presentada en enero de 2019 por Pablo Crespo --el 'número dos' de Francisco Correa en la Gürtel-- en la que afirma que en 2009 Morocho y otro compañero firmaron actas de entrada y registro en la calle Serrano 40 --sede de empresas de la trama-- al mismo tiempo en el que en otro lugar estaban interrogando a la que fuera administradora de estas sociedades, Isabel Jordán.

Tanto la defensa de Correa como la de Crespo han intentado anular estos registros alegando vulneración de derechos e irregularidades durante la instrucción de diversas piezas del 'caso Gürtel' y en los propios juicios que hasta ahora se han celebrado.

AÑO Y MEDIO DESPUÉS
La declaración del próximo 14 de septiembre tiene lugar después de que la juez suspendiera, en enero del año pasado, la citación de Morocho para resolver si permitía o no la personación en la causa de otro de los condenados en la 'Época I' de la trama que se investigó en la Audiencia Nacional.

Fuentes consultadas precisaron en su momento a Europa Press que los abogados de los querellados impugnaron el intento de personación al considerar que el condenado no era un perjudicado y, por tanto, no tenía legitimidad para presentar acusación.

La querella presentada por Crespo, y a la que se adhirió después la defensa de Correa, fue inicialmente archivada por la juez instructora, pero en noviembre de 2019 la Audiencia Provincial de Madrid le ordenó reabrir la causa.