El Tribunal Supremo ha reprochado al PP y a Vox que intenten “dirimir controversias” de carácter político al recurrir ante la Justicia la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado “al margen de las reglas sobre la legitimación” dado que, como partidos, no están legitimados para hacerlo.

La sección cuarta de lo contencioso administrativo del alto tribunal ha difundido las sentencias con las que ratificó el nombramiento de la exministra de Justicia como fiscal general al no admitir los recursos de ambos partidos por no tener “legitimación activa” para recurrir.

Las sentencias, cuyo fallo se conoció el 19 de octubre, explican que en la jurisdicción contencioso-administrativa sólo pueden recurrir quienes tienen legitimación activa, es decir, los titulares de un derecho o un interés legítimo. La estimación del recurso debería deparar una ventaja o evitar un perjuicio real y efectivo, según una jurisprudencia constante, explica la Sala.

En este caso, sin embargo, los magistrados consideran que ni el PP ni Vox (a quienes impone el pago de costas que no podrán exceder los cuatro mil euros) son titulares de ningún derecho infringido por el nombramiento de Delgado como fiscal general tras haber ocupado la cartera de ministra en el primer gobierno de Pedro Sánchez.

Creen que ni han sabido explicar qué ventaja real y efectiva lograrían o qué desventaja o perjuicio evitarían con sus recursos que no pueda invocar cualquier persona y sostienen que la relevancia constitucional de los partidos políticos no les da una posición especial en el proceso contencioso.

Por eso, cuando han acudido a dicha jurisdicción sin un derecho o un interés legítimo, se les ha negado la legitimación activa, como así lo demuestran las 24 resoluciones en las que se apoyan las sentencias, que fueron dictadas entre 2004 y 2021 y que rechazaban admitir por falta de legitimación a partidos que interpusieron recursos, algunos de los cuales tenían la misma o mayor relevancia política que éste.

“Ni esta jurisdicción ni esta Sala son el lugar adecuado para dirimir controversias suscitadas en la defensa de intereses de carácter político, al margen de las reglas sobre la legitimación establecidas por la ley con carácter general”, dice la Sala.

Tampoco acepta que el hecho de que el PP o Vox se vean afectados por procesos penales comporte legitimación para recurrir porque, de aceptar este argumento, se le debería reconocer a cualquier persona que se encontrase en dicha situación. Subrayan, además que la inadmisión de los recursos no genera en absoluto espacios de inmunidad.