El gobierno local de Ferrol hizo esta tarde oficial la modificación de la ordenanza fiscal relativa al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) tras rechazar las alegaciones presentadas por los grupos municipales del PSOE y el BNG. De ello dio cuenta la edila responsable del área de Facenda, Susana Sanjurjo, durante la última sesión plenaria del año de la corporación ferrolana.

Durante el encuentro, que fue más breve de lo habitual al no presentarse mociones pero cargado de reproches, Sanjurjo explicó que las propuestas aportadas por ambos grupos eran de carácter político, no jurídico, y que no se ajustaban a la legalidad y, por ello, no se podían admitir. En el caso de los socialistas, la concejala apuntó que se planteó, por un lado, una bonificación del 100% para las familias numerosas con unos ingresos inferiores al doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo cual no sería posible por que la normativa establece que la misma será del 90%. Por otro, que se puedan incluir en estas bonificaciones a pymes y autónomos durante sus dos primeros años de actividad, también se rechazó, dado que la norma se refiere a las características del inmueble y no de los sujetos pasivos del impuesto.

Respecto a las alegaciones del BNG, Sanjurjo apuntó que los nacionalistas presentaron un escrito de carácter político que “desenvolve unha serie de argumentos” que no tienen que ver con el acuerdo de modificación y, por tanto, carecían de base jurídica.

Así, mientras Ferrol en Común explicó que optaron por no presentar propuestas porque anticipaban que serían desestimadas por “o rodillo” de la mayoría absoluta del Partido Popular, socialistas y nacionalistas criticaron “a hipocresía” del gobierno local, que durante la campaña electoral se comprometió a no subir esta tasa. Asimismo, ambas formaciones reiteraron que este incremento se sumaba al del agua y al del coste de los comedores escolares al tiempo que se mantenían los privilegios “aos de sempre”, poniendo como ejemplo que Emafesa sigue sin abonar el canon que le corresponde.

Tras una nueva ronda de acusaciones, la modificación salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno y el rechazo de la oposición.

Homenaje

Donde sí hubo acuerdo en la sesión fue en el cambio de nombre de la avenida do Mar, en Caranza, a la que ahora se añadirá el del histórico sindicalista Rafael Pillado. De este modo, la ronda de intervenciones se tornó en todo un homenaje a la figura de este vecino ilustre y a su trayectoria, desde sus inicios en Bazán hasta su participación en numerosas luchas sociales, especialmente en la fundación de la Asociación Galega de Vítimas do Amianto (Agavida), de la que fue impulsor.

De hecho, el propio alcalde tomó la palabra en nombre del grupo de gobierno para reafirmar que Rafael Pillado era “merecedor” de este reconocimiento por parte de su ciudad. La propuesta, de este modo, salió adelante por unanimidad.

Otros asuntos

Si bien la sesión no contaba con mociones, hubo otros dos puntos del día que sí generaron conflicto entre el grupo popular y la oposición. Por una parte, la propuesta de adhesión a la Asociación de Concellos Galegos Afectados pola Autoestrada AP-9, la cual defendió Susana Sanjurjo en base a lo “interesante” de la misma –de cara a preservar los intereses económicos del Concello– y a su bajo coste. A este respecto, PSOE y Ferrol en Común se abstuvieron argumentando que la entidad, de carácter “difuso”, no contemplaba, por ejemplo, la gratuidad de la vía, y a que era un ente político que buscaba un posicionamiento enfrentado al Gobierno central. Por su parte, el BNG votó en contra, al considerar que no solo se buscaba hacer propaganda, sino que además su constitución era absurda, dado que los municipios afectados comenzarán a cobrar el 100% del IBI de la vía desde el próximo año.

Por otra, se aprobó con los votos a favor del gobierno y la abstención de la oposición la participación en el POS+ Adicional para la financiación de gastos sociales, que se emplearán para la contratación durante nueve meses de dos asistentes sociales. En este caso, las críticas vinieron de que la falta de persona era un problema estructural y que esta medida era un nuevo “parche” y no una solución, aunque admitiendo que se llevaba aplicando varios ejercicios.