El palacio consistorial ferrolano acogió ayer el pleno ordinario del mes de octubre, una sesión programada inicialmente para el pasado jueves pero que se suspendió por los tres días de luto oficial establecidos por el Gobierno central por las devastadoras inundaciones provocadas por la DANA en la Comunidad Valenciana.

De hecho, el propio pleno estuvo marcado por este trágico suceso, arrancando con la intervención de los portavoces de los grupos de la oposición expresando su solidaridad con las víctimas, sus familiares y allegados y solicitando la redacción de una declaración institucional al respecto. Asimismo, a petición del BNG también se acordó realizar un receso para que los ediles pudieran participar a las 20.00 horas en la concentración a favor del pueblo palestino.

Cruce de acusaciones

Tras darse cuenta de las actas de sesiones anteriores y de las resoluciones de Alcaldía entre septiembre y octubre, tuvo lugar el primer enfrentamiento, en este caso entre el grupo municipal socialista y el de gobierno con motivo de la comisión especial de Suxestións e Reclamacións. Los primeros, de este modo, defendieron que se podría haber realizado su primera sesión la pasada semana, mientras que los segundos argumentaron que, al haber sido constituida durante el mes de septiembre, no había mecanismos para responder a las reclamaciones y que, por ello, era más conveniente comenzar el próximo enero.

Los siguientes dos puntos de la sesión, el 4 y el 5, giraron en torno a un reconocimiento extrajudicial y a una modificación de crédito, respectivamente, que fueron defendidos por parte del gobierno local de manos de la edila responsable del área de Facenda, Susana Sanjurjo. En el primer caso se trataba de una factura de 2021 aprobada en la comisión de Contas por valor de 8.626 euros –una factura parcial– sobre el sistema de baja tensión del estadio de A Malata y que salió adelante con los votos populares favorables y la abstención del resto de grupos.

El segundo, no obstante, generó más tensión. Así, Sanjurjo explicó que eran una serie de gastos, con cargo al remanente líquido del ejercicio anterior, para diferentes áreas municipales. En total eran cerca de 1,5 millones de euros, de los cuales 211.000 se destinarían a completar la subvención para la reforma del castillo de San Felipe; 96.000 para la renovación de la iluminación de este mismo bien patrimonial; 350.000 para el pago de horas extra –incidiendo en que era una reducción del 22,5% respecto al ejercicio anterior–; 236.000 para actividades culturales durante las navidades; 400.000 para un nuevo programa informático de contabilidad; y 155.000 para el mantenimiento de instalaciones deportivas.

En el turno de réplica, el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, reiteró su denuncia de que el uso de este remanente tradicionalmente se acordaba en comisión con el resto de grupos, censurando al mismo tiempo que no se apostase por el empleo o actuaciones sociocomunitarias. Su homólogo del BNG, Iván Rivas, criticó que se hayan realizado ya 85 modificaciones en unos presupuestos aprobados este mismo año, acusando al gobierno local de mala gestión económica. El portavoz de los socialistas, Rafael Fernández Beceiro, por su parte, realizó un repaso por todos los gastos anunciados por Sanjurjo, afeando a los populares que se apoyen en su mayoría absoluta para no negociar.

Después de un turno de réplica, la modificación salió adelante con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE, celebrándose entonces el receso solicitado al inicio de la sesión.

Plan de acción

El sexto punto del pleno fue para dar cuenta de la prórroga a 2024 del Plan Anual de Control Financiero. La concelaja de Facenda, Susana Sanjurjo, señaló que es una decisión de la Intervención Xeral, con excepciones como la auditoría de cuentas.

En el turno de palabra de la oposición, los diferentes grupos coincidieron en que este plan había sido muy criticado el pasado año por los populares, afeando al gobierno local que decida ahora prorrogarlo y que está en contra de los intereses de los vecinos. La depuración o las contrataciones de jefes de área fueron algunos de los puntos de conflicto entre las formaciones. En cualquier caso, al no tratarse de una moción no tuvo que ser votada y, por ello, salió adelante directamente.

Finalmente, tras darse cuenta de las víctimas de violencia machista desde la sesión anterior, el alcalde procedió a leer una declaración institucional con motivo del Día da Muller Rural.

Mociones

El apartado de mociones del pleno ordinario de octubre comenzó con un cambio en el orden del día, discutiéndose primero la moción del BNG en favor de los trabajadores en huelga de la empresa Maitours. Así, antes de la intervención del portavoz nacionalista tomó la palabra José Luis Taboada, representante del colectivo, quien relató la falta de avances en las negociaciones y afeó al gobierno local que no se reuniese con ellos.

Tanto la defensa de la propuesta a cargo de Iván Rivas como los turnos de palabra de los portavoces de la oposición –Jorge Suárez por FeC y Julián Reina por el PSOE– giraron en torno a la inacción del gobierno local y la Xunta ante este conflicto, solicitando un cambio de actitud. En este sentido, los representantes pidieron al grupo de gobierno que se “plantase”, incidiendo en la máxima de que “igual traballo, igual salario”.

La respuesta por parte del Concello, de la mano de la edila Pamen Pieltain, fue de apoyo a los afectados, pero insistiendo en que se trataba de un conflicto entre la empresa y los trabajadores y que, por ello, las administraciones local y autonómica no tenían competencias. Tras anunciar que votarían en contra se produjo un gran revuelo entre los asistentes al pleno, lo que obligó a interrumpir la sesión durante varios minutos. Una vez concluyó el turno de réplica, la moción fue rechazada con los votos en contra del grupo de gobierno.

Otra propuesta de gran calado para la ciudad naval fue la presentada por el grupo socialista, que buscaba instar a la Xunta a dar un mayor impulso al programa Rexurbe. El edil Julián Reina, de este modo, explicó cómo surgió esta iniciativa autonómica, subrayando su impacto socioeconómico y, por ello, la importancia de darle una continuidad. Jorge Suárez, por otro lado, manifestó que desde su grupo se apuesta por la rehabilitación de viviendas y no la “especulación” de otros proyectos y poniendo como ejemplo de una política efectiva el caso de Recimil. Rivas, por último, fue el más crítico de los portavoces de la oposición, afeando al Concello y la Xunta que se centren solo en la aprobación de licencias y no en la faceta de la recuperación social de estas áreas.

Por parte del grupo popular, la concejala de Urbanismo, Blanca García, expuso una relación de las intervenciones realizadas y las que estaban en marcha, defendiendo la actuación de la Xunta y que, por ello, votarían en contra. De este modo, la moción fue rechazada por 12 votos a favor y 13 en contra.