La proliferación de vertederos ilegales e incontrolados a lo largo del municipio es uno de los problemas más complejos a los que se enfrenta la administración local por la dificultad de acabar con los mismos y de descubrir y penalizar a sus responsables. Así, como admite el propio gobierno ferrolano, vecinos, entidades de todo tipo e incluso el Servizo de Protección da Natureza (Seprona) de la Guardia Civil informan y presentan quejas de forma constante por la presencia de estos depósitos de residuos.
Ante esta coyuntura y, al menos como medida inicial –desde la Concellería de Zona Rural se adelantó, por ejemplo, a la Comunidad de Montes de San Xurxo que la idea era desarrollar un plan integral contra estos vertederos–, el Concello anunció ayer que destinará un total de 16.498 euros para la retirada de estas basuras. Según apuntó el Consistorio por medio de un comunicado, será la empresa Recinor, filial del grupo Rilo dedicada a la gestión de residuos, la encargada de estas labores.
El funcionamiento de este sistema, como detalló el gobierno local, será por recogida. La compañía, que cuenta con su propia báscula de pesaje de camiones, realizará la retirada de estos vertederos, facturando posteriormente al Concello por cada actuación en base a las toneladas de materiales procesadas.
Y es que, como detalla el Consistorio, la mayor parte de estos residuos provienen de labores de construcción y demolición, lo que dificulta más si cabe los trabajos, dado que se trata de desperdicios de gran peso. Asimismo, una de las problemáticas asociadas señalada por el gobierno local es que estos vertederos crean una especie de efecto llamada, de modo que “cando aparece un pequeno amoreamento, ás poucas semanas o seu volume increméntase”.
La delegación ferrolana de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) es una de las entidades de la comarca que más avisos recibe de estos vertederos. Respecto a este anuncio, su máximo responsable, Xan Silvar, aplaude que se destine una partida para estas labores, aunque desconoce si será suficiente para atajar un problema “moi reiterativo”, especialmente “en zonas como o mal chamado vertedoiro de Mougá”.
En este sentido, Silvar destaca un factor a tener en cuenta a la hora de abordar estos cúmulos de desperdicios: las restricciones sobre el volumen de residuos que se pueden gestionar en el punto limpio municipal. A este respecto, el delegado de la SGHN detalla que, según habían denunciado varios vecinos, “para deixar certos volumes dunha pequena obra doméstica” había limitaciones mensuales. Así, si bien subraya que esta situación no excusaba el depósito de desperdicios en lugares no permitidos –especialmente por parte de empresas, independientemente de su tamaño–, esta “podería ser unha liña a mirar” para evitar “que a xente faga estas falcatruadas”.
Otra de las medidas que propone el delegado para mejorar la situación es “dar máis publicidade tanto ao servizo existente como a esa eventual mellora”. De este modo, Silvar lamenta que, si bien parece “algo de sentido común”, en ocasiones el desconocimiento lleva a las personas a buscar soluciones poco adecuadas.
Mucho más drástico se mostró Manuel Varela, presidente de la Comunidad de Montes de San Xurxo, que celebra la medida municipal pero al tiempo lamenta que no se actúe en parcelas como las que son propiedad del Ministerio de Defensa, “que están ata os topes”. En este sentido, Varela critica que, “se cando lle tiran a un veciño a basura no monte o fan responsable a el”, debía hacerse lo mismo con aquellas de titularidad pública.
Otro de los problemas que señala el responsable de la entidad es la falta de medidas punitivas contundentes contra los infractores, aseverando que, en el caso de los residuos procedentes de obras, “se sabe quen os tira”. A modo de ejemplo, Varela narra que un vecino de Valón sorprendió a esta persona depositando desperdicios en uno de estos vertederos ilegales y que, tras alertar a la Policía Local, “non lle fixo nada, o único que lle dixo foi que quitara” los materiales.
Respecto a la limitación mensual del punto limpio mencionada por Xan Silvar, Manuel Varela señala que, al menos en el caso de las obras, el problema deriva de aquellas empresas “que queren aforrar o contenedor”. “Ao que lle van facer o traballo cóbranlle por quitar os escombros e por levalos ao punto limpo, pero logo os tiran por aquí”, lamenta, señalando que la solución pasa por tomar “medidas drásticas”. “A Policía municipal, que multe; que ao que colla, que o sancione como é debido”, apunta el presidente de la entidad, insistiendo en que, en el momento en el que uno o dos infractores tuvieran que pagar una cuantía significativa dejarían de usar estos vertederos ilegales.
Desde el año 2007, el municipio de Ferrol cuenta en la carretera de Catabois con un punto limpio para depositar aquellos residuos que, por su naturaleza, no pueden ser tirados a los colectores urbanos. No obstante, si bien el margen para el ciudadano medio es bastante amplio, existen una serie de limitaciones que pueden llegar a ser un problema en casos específicos, como la realización de una obra particular –es decir, aquella que lleva a cabo el propio usuario, dado que las empresas y profesionales autónomos quedan excluidos–.
La relación de aquellos materiales que se pueden llevar a estas instalaciones, así como la cuantía máxima de los mismos por mes, se pueden consultar en el área de Servizos de la web municipal, aunque para el caso mencionado se pueden destacar los escombros, con una limitación de 100 kilos; las maderas y metales, con cuatro o seis unidades, respectivamente, o también 100 kilos; los restos de PVC, de siete kilos; o la pintura, con diez.