El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, defendió ayer las actuaciones del ejecutivo central en la comarca frente a lo que considera una “política de declaracións” por parte de la Xunta. Por medio de un comunicado, el representante del Gobierno respondió a las observaciones del vicepresidente económico del ejecutivo autonómico, Francisco Conde, tras su encuentro el pasado lunes con patronal y sindicatos en Ferrol, donde aseveró que la Xunta llevaba siete meses esperando que el Gobierno “se sume” al Pacto de Estado por Ferrol.

Así, Miñones aseveró que “o mellor Pacto que pode ter Ferrol é aquel que pon enriba da mesa orzamentos e proxectos para crear riqueza, emprego e desenvolvemento” en oposición a la Xunta, la cual, afirma, “adicouse a ensinar papeis e a facer declaracións”.

Proyectos e inversiones

En el comunicado, el delegado recordó los diferentes proyectos que en la actualidad está desarrollando o prevé iniciar el Gobierno en la comarca durante los próximos meses, comenzando por la construcción de las fragatas F-110. Miñones señaló que, a lo largo del presente año, tanto Navantia como las industrias auxiliares se han estado “preparando” para el comienzo de la fabricación de los navíos en marzo de 2022; algo que había “comprobado” durante la inauguración del Centro de Tecnología del Sector Naval “que promoveu a empresa pública no marco do proceso de transformación dixital do estaleiro ferrolán”.

Del mismo modo, José Miñones criticó la propuesta de la Xunta de abrir una delegación territorial en la ciudad naval, calificándola de “innecesaria” y de suponer un incremento “do gasto público en perfís políticos”. Como contrapunto, el representante puso como ejemplo la conexión ferroviaria del puerto exterior “que está na fase final dos seus traballos” y de la mejora de infraestructuras viarias, recordando que ayer mismo se había publicado en el BOE la última licitación del proyecto de reforma de la avenida de As Pías.

Transición energética

Las inversiones ligadas al cierre de las centrales térmicas –más concretamente la de As Pontes– también fueron defendidas por el delegado del Gobierno. De esta forma, Miñones recordó que Galicia contará con una dotación de 111 millones de fondos europeos Next Generation, a los que habría que sumar la partida de 100 millones de del Plan de Recuperación para todos los municipios de España afectados por la transición energética –91 para proyectos y otros nueve dedicados a asistencia técnica para los concellos–.

En este sentido, Miñones criticó el retraso de la administración autonómica en la firma de los protocolos de Transición Justa, asegurando que el Gobierno tuvo que “insistir meses” para poder “liberar este investimento” una vez la rúbrica se formalizó. De igual forma, el delegado acusó a la Xunta de “estar de brazos cruzados” mientras que el ejecutivo central “seguiu traballando (...) para que os fondos puideran chegar aos concellos”.