El palacio consistorial ferrolano acogió ayer el pleno ordinario del mes de enero. La sesión, menos tensa de lo habitual, arrancó con el debate sobre el nombramiento del anterior almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Ignacio Frutos Ruíz, como hijo adoptivo de la ciudad naval, una vez resuelto el expediente de la propuesta.

Por parte del gobierno local, tomó la palabra su portavoz, Pamen Pieltain, que hizo un repaso por la trayectoria del homenajeado y de su participación activa en la vida sociocultural de la ciudad, poniendo como ejemplo su apoyo al proyecto de reducir la muralla de las instalaciones castrenses; a la apertura de las mismas a la ciudadanía mediante diversas acciones o su trabajo en favor del “achegamento” de la institución militar al ámbito civil. Parte de la oposición, no obstante, no compartió esa visión, criticando, entre otros puntos, la “ruptura” del criterio de que estas decisiones debían aprobarse de forma unánime por la corporación.

Así, Ferrol en Común, a través de Jorge Suárez, y el BNG con Iván Rivas, anunciaron su voto en contra, incidiendo en el “precedente” que supondría este nombramiento. En este sentido, ambos portavoces coincidieron en que se trataba de un cargo otorgado por el Ministerio de Defensa y que había otras figuras públicas que debían ser reconocidas antes –recordando, además, que la cartera que dirige Margarita Robles sigue sin abonar el IBI en Ferrol–. El PSOE, por su parte, se mostró favorable, señalando Ángel Mato que, si bien el aludido “cumpre ordes”, su “pegada na cidade” era notable y que no había argumentos para oponerse. De este modo, la propuesta salió adelante con 19 votos a favor (PP y PSOE) y 5 en contra (BNG y FeC).

Seguidamente, se abordaron de forma conjunta dos puntos sobre reconocimientos extrajudiciales de crédito para el pago de facturas –dos remesas, una de siete recibos por 605.131 euros y otra de diez por 9.158–. Al haber sido debatidas en comisión, apenas hubo debate por parte de los grupos, con la excepción del BNG, que volvió a reclamar una ordenanza municipal de ruidos y, en el caso de las facturas eléctricas, un plan de sostenibilidad y alternativas para reducir este tipo de gastos energéticos. Ambos puntos se aprobaron con el apoyo del gobierno local y la abstención de la oposición.

Antes de llegar a las mociones también se dio cuenta del informe de morosidad del último trimestre del año. Este fue uno de los puntos con mayor fricción, dado que, aunque el ejecutivo local explicó que se cumplieron en el cuarto trimestre el Período Medio de Pago (PMP) y el Período Medio Legal de Pago (PMLP), la oposición criticó que no era algo excepcional y que habían tenido año y medio para hacerlo.

Mociones

El apartado de mociones en la sesión de ayer fue relativamente atípico, dado que cada uno de los grupos presentó una propuesta conjunta con el resto y todas ellas contaron con una intervención ciudadana previa.
La primera versó sobre el uso igualitario de las instalaciones de A Malata, una problemática que expuso el presidente del Club Atletismo Ferrol, Marcelo Rodríguez. El representante relató las dificultades que tienen desde la entidad para usar estas áreas, detallando que carecían de un espacio de almacenamiento adecuado y que las normas de preferencia en ocasiones incluso les impedía entrenar. Desde la oposición se instó al gobierno a establecer criterios “claros e transparentes” para evitar una “guerra de clubes”, haciendo hincapié en el uso de las pistas por parte de entrenadores particulares con grupos de atletas federados que, sin embargo, no constituyen un club como tal.

Así, tras explicar el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, cómo se había diseñado las normas en 2022 y que se revisarían en junio del presente ejercicio, todos los grupos acordaron modificar la moción para enfocarla en el estudio de las peticiones del club a la hora de redactar las nuevas bases. Tras un pequeño receso se aceptó el cambio y fue aprobada por unanimidad.

También gozó del apoyo completo de la corporación la siguiente propuesta conjunta para “dignificar” el trabajo de los voluntarios que atienden a las colonias felinas. Patricia Pena, una de estas vecinas que cuidan las poblaciones, explicó de forma detallada todos los problemas que experimenta no solo el colectivo, sino también los animales, además de subrayar las obligaciones del Concello con la nueva Ley de Bienestar Animal que no se estaban cumpliendo. De este modo, por parte de la oposición se listaron los inconvenientes que suponen las colonias descontroladas y los beneficios de las que lo están, insistiendo en que se trata de acciones sencillas que ya se están poniendo en práctica en otros municipios de Ferrolterra.

Por parte del gobierno local, la edila responsable de esta área, Maica García, no solo se mostró de acuerdo con los posicionamientos, sino que informó de que se había solicitado una subvención de la Xunta para reforzar el refugio de Mougá con dos veterinarias y que se va a pedir otra para sufragar gastos como la alimentación. De igual modo, se comprometió a llevar a cabo la petición de que los voluntarios tengan un carnet identificativo y a colocar cartelería informativa en las colonias. La propuesta salió adelante por unanimidad.

La tercera moción conjunta, en defensa del uso del gallego, contó con la intervención de Pepe Cunha, portavoz de la plataforma Queremos Galego, que expuso la problemática de la lengua a día de hoy, con un informe del IGE que constata una caída del 6% en el empleo del idioma. El debate entre los grupos, no obstante, se centró principalmente en la administración autonómica y sus políticas lingüísticas. Así, mientras la oposición defendía la necesidad de derogar el decreto del plurilingüismo, el gobierno local afirmó que la Xunta está trabajando a día de hoy con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante el Pacto pola lingua, que, afirmó, servirá de hoja de ruta para revertir la situación del gallego. De este modo, tras un tenso intercambio, la propuesta fue rechazada con los votos de los populares.