La comisión de Urbanismo celebrada ayer no sirvió para despejar las dudas sobre si Ferrol contará desde este mes con el Plan de Mobilidade Urbana Sostible –PMUS–, una necesidad de los organismos locales que en Ferrol todavía no se ha aprobado pese a comenzar a debatirse en el año 2009. Solo el PSOE y Ferrol en Común dieron ayer su apoyo explícito al plan que será elevado al pleno de la próxima semana. Por su parte, tanto PP, que asegura que no se ha aceptado ninguna de sus aportaciones, como BNG, que condiciona su apoyo a una peatonalización del barrio de A Magdalena en 2023, reservaron su voto para el pleno, por lo que la decisión del ejecutivo de Ángel Mato necesitará al menos dos votos más para poder sacar adelante la propuesta.
El portavoz de Urbanismo, Julián Reina, volvía a incidir en que se podría alcanzar un consenso para aprobar este instrumento “que non é máis cunha guía de como debe ser a mobilidade na cidade”, explicando así que el plan “está vivo, suxeito a futuros cambios, non coma un plan xeral de urbanismo”.
También alertó de que no contar con un plan de movilidad coarta el desarrollo de la ciudad, en tanto que impide acceder a subvenciones europeas y estatales. En este sentido, actualmente peligra ya la subvención de más de 1,5 millones de euros de fondos europeos concedidos en el marco de la estrategia Edusi de transformación urbana y que se destinaría a la remodelación del primer tramo de la carretera de Castilla. Para que esta aportación económica se efectúe el Concello debe contar con un PMUS del que actualmente no dispone.
Además, estarían en riesgo otros 300.000 euros de una intervención complementaria de desarrollo de esa intervención, también en el marco del Edusi, así como la opción de presentarse a la convocatoria de ayudas para transporte público que concede el Ministerio de Transportes., Movilidad y Agenda Urbana y a las que ya no pudo optar Ferrol en su última edición, por no disponer d este instrumento.
Reina hizo hizo hincapié en que por encima del debate político “todos os integrantes do pleno temos a responsabilidade de non limitar as posibilidades de crecemento da cidade” por lo que pidió colaboración de los grupos para sacar adelante el documento.
El responsable de las políticas urbanísticas del Concello recordó que el debate comenzó en 2009 cuando se realizó el PMUS que ahora se revisa y actualiza y que se ha elaborado con material recopilado y un “intenso” trabajo en la Mesa pola Mobilidade con grupos políticos, asociaciones, y encuesta ciudadana, por lo que “podémonos sentir todos representados”, incidiendo en que “trece anos de debate son máis que suficientes”.
No son de la misma opinión tanto el BNG como el PP por muy distintas razones. El grupo nacionalista apuesta por la peatonalización de A Magdalena en 2023, algo que el PMUS contempla en un plazo de seis años siguiendo una pauta de reurbanización urbana.
En este sentido, desde el BNG se recuerda que la Ley de Cambio Climático obliga a los Concellos de más de 50.000 habitantes a la redacción de estos planes con medidas que reduzcan las emisiones de gases generados por la movilidad. Entre esas medidas está el establecimiento de zonas de bajas emisiones para 2023, que llevarían implícitas medidas como la prohibición de entrar en el casco urbano con vehículos sin distintivo ambiental CERO, ECO y C o cobrar por entrar, circular y estacionar en ciertos espacios. Frente a esto, los nacionalistas apuestan por la peatonalización de A Magdalena declarándoa zona de baixas emisións, evitando ter que impoñer unha nova tasa de circulación na cidade e recuperando as rúas para a xente e desenvolvendo un urbanismo saudable e igualitario”.
Por su parte, el Partido Popular lamentaba ayer que el gobierno no hubiese aceptado ninguna de sus aportaciones, algo que, a juicio del portavoz adjunto Javier Díaz, “demuestra la poca voluntad por negociar o llegar a acuerdos”.
Para el PP son importantes cuestiones como dónde se van a situar los aparcamientos disuasorios, qué líneas concretas de transporte urbano se pretenden implementar y su coste o dónde se colocarán las paradas de taxi. Por su parte, desde el ejecutivo se recordó que algunas de las aportaciones planteadas desde el grupo popular no son materia de debate en este PMUS y que cuestiones como la ORE o la aprobación de l PXOM o de una ordenanza de accesibilidad también son líneas prioritarias del propio plan. Así las cosas, Reina asegura que lo que hace el PP en sus alegaciones “é enmendar o articulado nunha ordenanza que non está enriba da mesa –a ORE–”.
El ejecutivo considera que el PP lo que muestra en sus propuestas no es más que “un posicionamento político pero iso non debería condicionar inversións coma a da estrada de Castela, son necesarios acordos factibles”, concluyó.
Los populares ven inviable también la apuesta por la peatonalización, pidiendo que se reconsideren las fases de modo que se pueda abordar una solución que dé facilidades a vehículos y ciudadanos. En este sentido, puso en duda actuaciones como el asfaltado de la calle Lugo “para después decir que non poderán circular coches” o la eliminación de 460 plazas de aparcamiento gratuito “sin ofrecer ningunha alternativa”.
De todos modos, el Partido Popular asegura que continuará con la mano tendida para poder llegar acuerdos “siempre que el gobierno esté dispuesto”, apuntando que esa acuerdo no pasa por “de-sacreditar nuestras aportaciones ni por imponer 600 páginas y no modificar ni una línea del Plan de Movilidad”, indicó el portavoz Javier Díaz.
Será la próxima semana cuando se desvele si saldrá adelante o no este plan, algo en lo que todavía confía el concejal de Urbanismo ya que, apunta, “sorprenderíame que co seu voto en contra se deixase pasar esta oportunidade para a cidade”.