La renuncia el pasado mes de julio del aún primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, tras la dimisión de buena parte de su equipo de gobierno a causa de la larga ristra de escándalos políticos que acumula, ha desencadenado todo un torbellino de reacciones y respuestas a lo largo de la nación. Una de ellas, posiblemente de las más sonoras, ha sido la de patronal y sindicatos del sector naval, que aún se encuentran a la espera de la resolución del concurso Fleet Solid Support (FSS), en el que Navantia se sitúa como uno de los contendientes más destacados.

Y no es para menos. El uso político de este contrato por parte del aún primer Ministro antes incluso de acceder al cargo –durante la campaña por el Brexit–, ha supuesto una nueva oleada de incertidumbre para todos los actores implicados. Como consecuencia de esto, la presión por una resolución que favorezca al único participante plenamente británico, el Team UK, ha pasado de Johnson a sus potenciales sucesores. De esta forma, según reveló esta semana el diario Daily Mirror, la Confederación de Sindicatos de la Construcción Naval e Ingeniería (CSEU), una de las entidades de representación social más longevas del país en este sector, remitió un escrito a los dos principales contendientes para el liderazgo del partido Conservador, Rishi Sunak y Liz Truss, para instarles a que este contrato “permanezca” en el Reino Unido.

“Hemos oído hablar mucho de impuestos durante las elecciones para el liderazgo del partido Conservador y el dinero de los contribuyentes ha sido gastado en este proyecto vital”, señalaba en la misiva el secretario general del CSEU, Ian Waddell, censurando que “sería obsceno que éste fuese usado para asegurar el empleo de trabajadores en países competidores mientras que las capacidades británicas se marchitan en la enredadera”. De igual forma, el secretario general defendió que, de permanecer el contrato en el país, habría un retorno de más de 420 millones de euros en impuestos y se asegurarían 40.000 puestos de trabajo.

“Esta inversión repercutirá principalmente en nuestras economías regionales, además de generar un impacto en el pequeño comercio (...). También permitirá mantener el nivel y capacidad de trabajo necesaria para llevar a cabo la siguiente fase de adquisiciones navales marcadas en la Estrategia Nacional de Construcción Naval”, sentenció 
Waddell.

Cambio de fórmula

Si bien la apuesta del CSEU por el Team UK es total, desde la confederación sindical son conscientes de la imposibilidad actual de nacionalizar el concurso –especialmente teniendo en cuenta que, por una parte, todos los participantes cuentan con alianzas nacionales y que uno en concreto, la india Larsen & Toubro, forma parte de la Commonwealth–, por lo que proponen una fórmula alternativa para asegurar la construcción en el Reino Unido: que cada participante realice cinco encuestas para reflejar el impacto de sus propuestas en el país.

“Queremos que Rishi Sunak y Liz Truss apoyen nuestros cinco tests para el FSS y la construcción naval británica, y disipen, de una vez por todas, los miedos de que se pierda capacidad de trabajo fuera de Londres y en el sudeste del país”, exigió el secretario general.

Contexto

Llegados a este punto, es imperante incidir en el carácter político que ha tenido –y sigue teniendo, aunque en menor medida– este concurso desde su mismo anuncio en 2019. El contrato, que consiste en la construcción de tres buques logísticos para la Armada Real británica, nació rodeado de polémica, dado que, por la normativa europea, estos navíos no se consideraban barcos de guerra y por ello, las leyes comunitarias contra monopolios obligaban a que su licitación fuese de carácter internacional. Aprovechando esta coyuntura, el ala más eurófoba del partido Conservador la utilizó como arma contra los “Remainers”, comprometiéndose a nacionalizar el contrato.

No obstante, tras la victoria del Brexit, el entonces gabinete de Theresa May cayó en la cuenta de que, aun fuera de la Unión, esta opción no era viable, pues afectaría directamente a las posibilidades de la industria británica en futuros concursos internacionales. A pesar de esto, Johnson, principal defensor de un Brexit “duro”, empleó esta postura para atacar a su rival; una decisión de la que meses después, ya en el poder, se arrepentiría. Así, en julio de 2020, a pocos meses del supuesto anuncio de la adjudicación, Boris Johnson, por medio del Ministerio de Defensa del Reino Unido decidió paralizar el contrato –amenazando incluso con cancelarlo– hasta encontrar una fórmula alternativa para asegurar que los buques se fabricasen en el país.

Un año y medio más tarde, en noviembre de 2021, el Gobierno decidió reiniciar el concurso con un cambio significativo en las bases: que buena parte de la producción se realizase en factorías británicas –un movimiento al que Navantia se había anticipado firmando una alianza con el astillero de Belfast Harland & Wolff y la compañía BMT, creando el Team Resolute–. Esta decisión, no obstante, no gustó al sector, que veía en ella un nuevo incumplimiento de las promesas del ultranacionalista. Desde entonces, patronal y sindicatos han presionado por la adjudicación directa o, en el peor de los casos, un cambio de bases; una serie de peticiones apoyadas por el partido Laborista que nunca han tenido respuesta directa por parte del Ministerio de Defensa.

Ahora, la renuncia de Johnson a menos de un año de la adjudicación final, sumada a los rumores de que el contrato sólo supondría un 20% de carga de trabajo británica en el primer buque –y del 40% en los dos restantes– han elevado la tensión a límites no vistos desde 2019.