La plantilla de Navantia volvió a salir a la calle –tres meses después de la última vez que lo hizo, que fue antes del periodo vacacional del verano– para demandar de la dirección de la empresa y del Gobierno central otra disposición para dar respuesta a las demandas que se están planteando en la negociación del nuevo convenio colectivo. 

Fue, como explicó el presidente del comité, Carlos Díaz (MAS), una movilización que se decidió en la asamblea general que tuvo lugar a media mañana y en la que se acordó un calendario de protestas y actos que coincide con el planteamiento que ya se adelantó la semana pasada, es decir, que sea coordinado con el resto de los centros de trabajo del grupo naval público. 

Ahora que el marco ya está definido –movilización conjunta y calendario cerrado con la dirección de Navantia, hasta el 30 de noviembre, para cerrar el proceso– el camino que queda es una especie de contrarreloj que se dirime con el condicionante de si habrá nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) o si habrá una prórroga de los vigentes. En todo caso, la parte social percibe un bloqueo casi total en todo lo que tiene que ver con las mejoras económicas, parte central en la negociación de un convenio colectivo. “Temos que denunciar que o autodenominado Goberno máis progresista da historia deste país nos ten encorsetados co teito orzamentario”, subrayó Díaz, que añadió que, en esas circunstancias, “non temos capacidade de negociación”. 

Por este motivo, el comité de empresa y el intercentros han decidido llevar las movilizaciones “cara fóra”, no solo a pie de calle, sino también en las instituciones y organismos que pueden ejercer cierta influencia en las decisiones del Ejectivo. Así, la semana que viene se reunirán con todos los grupos parlamentarios del Congreso y la siguiente con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Habrá más acciones, alguna de ellas sorpresa, y se está trabajando en una “gran mobilización”, aseguró el presidente del comité, a mediados de noviembre en Madrid. 

PSOE y Hacienda

Con todo, la proyección pública del conflicto que había quedado en suspenso antes de las vacaciones  se retomó ayer. 
 

Tras guardar un minuto de silencio frente a la sede de la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal, en el Cantón, en recuerdo de los dos trabajadores fallecidos en el accidente del astillero Blascar, en A Graña, la plantilla se dirigió a la sede del PSOE local, donde organizó una pitada y colgó varios papeles con las demandas de la parte social. Posteriormente, la manifestación caminó hacia la delegación de Hacienda, donde registraron una solicitud de entrevista con la ministra, María Jesús Montero. 

“Temos que enfocarnos cara ao ámbito político”, explicó Carlos Díaz, porque coa dirección non hai avances, alegando que non hai cartos”. Con ese argumento, denuncia la parte social, se cae la posibilidad de llegar a acuerdos sobre “cuestións centrais”, como la reducción de la jornada, la incorporación de la modalidad del contrato-relevo en el convenio, la mejora del sistema de promociones y de los niveles de entrada para las nuevas incorporaciones, el reconocimiento de las horas reales trabajadas en todos los grupos profesionales –también el 1 y el 2, de técnicos superiores– “que non están a cobrar”, recordó Díaz. Toda, o casi toda, la miga del nuevo marco laboral en el grupo naval público depende de “certo marxe orzamentario que non está a haber”.