El colectivo de transportistas de mercancías del área de Ferrolterra no secundará, en un principio, el paro patronal propuesto por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte a nivel nacional a partir del próximo lunes. Así lo señaló el portavoz de estos profesionales, Antonio Otero, que el pasado mes de marzo lideró las acciones de protesta en el conjunto de las tres comarcas.
“En principio hay muchos desacuerdos; hay provincias que están de acuerdo con el paro y otras que no y aquí Galicia no lo está”, apuntó Otero, señalando que, al menos en la Comunidad “el 80% de las empresas para las que trabajamos la flota están respetando los precios acordados”. En este sentido, el portavoz señala que hay una gran “discrepancia” respecto a la situación que se vivía a comienzos de año, incidiendo en que si la contratista acata la normativa de costes del transporte “cómo no le vas a cargar”.
Asimismo, Antonio Otero adelantó que el próximo sábado se celebrará una reunión entre representantes de la plataforma convocante y las principales asociaciones de transportistas de Galicia –Aetram, Apetamcor, Fegatramer o Tradime, entre otras–, donde se decidirá finalmente si se apoya el paro, pese a que, de forma individual, dichas entidades ya expresaron su rechazo a la medida.
En este sentido, el portavoz del colectivo en la comarca admite que “no entiende bien” cuáles son las reivindicaciones de la Plataforma en esta ocasión. “Si no se puede trabajar bajo el precio de coste y sabe las empresas que son [las que incumplen la normativa], entonces ¿por qué no manda a los inspectores de trabajo?”, defiende Otero, instando a los denunciantes a que hagan uso de los mecanismos establecidos por el Gobierno central tras las protestas de comienzos de año.
De un modo similar se expresó esta semana Carlos García, seccretario de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), una de las principales asociaciones de profesionales de la Comunidad, quien adelantó que “ninguna” entidad apoyará el paro, pese a que sí lo harán algunos particulares –estima que medio centenar–. “Parar no tiene justificación y sería un coste económico inasumible”, aseveró García Cumplido en declaraciones a la agencia Europa Press. Por último, tanto Otero como García reconocieron que hay casos de incumplimientos y que quizás sea necesario realizar “algún ajuste” a la normativa, pero que para ello están los nuevos mecanismos.