El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, confirmó que la Administración autonómica “cumplirá la ley” respecto al reparto de menores migrantes, pero exigió planificación y financiación para poder hacerlo. 

Así lo defendió este lunes en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consello da Xunta, donde ratificó además que el Gobierno gallego notificó al central este pasado domingo el número de menores con el que cuenta el sistema de protección de Galicia, tal y como solicitó el Ejecutivo –que había dado de plazo hasta que acabase el mes de marzo–.

Sobre esto, recordó que el sistema sufre una sobreocupación del 108%. “Por tanto, si hubiese una ampliación, y mucho más la ampliación que se nos anuncia, antes de poder llevarla a cabo, lógicamente habría que ver lo que vamos a hacer con esos menores”, matizó.

En esta línea, insistió en que no se trata “simplemente” de “sacarlos de encima de una comunidad donde hay saturación”, reconoció, “para mandarlos a otra”. “Es simplemente repartir el problema sin solucionarlo”, criticó.

A día de hoy, apuntó, son 273 los menores no acompañados de los 900 que están el sistema. “Los acogemos y estamos dándoles el tratamiento que merecen y al que tienen derecho. Si se pretende, y desde luego nosotros pretendemos, seguir haciéndolo, es necesaria financiación, planificación y, si me lo permiten, sentidiño, para poder atenderlos adecuadamente”, remarcó.

“Hemos dicho siempre que el cupo que se nos asignase lo íbamos a aceptar, frente a algunos posicionamientos de otros partidos que decían que en ningún caso. Pero lo que reclamo es que las cosas se hagan de forma planificada, como se hicieron en anteriores ocasiones”, insistió. 

Alfonso Rueda puso el foco en la financiación, explicando que, vistos los costes actuales, se necesitarían más de 30 millones de euros para atender a los 326 que calculan que tendrían que acoger en base al nuevo acuerdo, “sin contar gastos educativos y sanitarios”, cuando lo anunciado son 100 millones de euros para toda España, apuntó.

Con todo, ese “ni siquiera sería el problema principal”, señaló en referencia a la organización del sistema, que en Galicia funciona con pequeños centros. De ahí la insistencia en la planificación. “Supongo que el Gobierno todo esto lo tendrá en cuenta si quiere hacer las cosas bien, más allá de cumplir con el señor Puigdemont y sacarse un problema de encima”, deslizó.

Preguntado por la posibilidad de recurrir la norma, comentó que esa opción sigue “en estudio”. “No puedo anunciar que lo vayamos a hacer. Estamos estudiándolo y, cuando haya una decisión, la anunciaremos”, aseguró.