El portavoz parlamentario del Partido Popular de Galicia (PPdeG), Alberto Pazos, advirtió este viernes de que la reforma de la ley de dependencia, aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros, “derivará inevitablemente en un incremento considerable y preocupante de la deuda de más de 2.500 millones de euros que en la actualidad ya tiene con Galicia” por la atención a los dependientes.

De esta manera lo trasladó en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia, en la que pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que “adapte su aportación a los nuevos servicios que está modificación obliga a prestar tanto a las comunidades como a los ayuntamientos”.

Alberto Pazos recordó que en el pleno celebrado esta semana se aprobó una proposición no de ley del grupo popular, en cuya votación el PSdeG se abstuvo, a través de la que se reiteró al Gobierno central la solicitud para que cumpla lo recogido en la ley de dependencia y abone a Galicia los más de 2.500 millones que le debe por no sufragar el 50% del coste de la atención a los dependientes que le corresponde.

“¿Cuántas horas del servicio de ayuda en el hogar podríamos financiar en los ayuntamientos con este dinero? ¿Cuántas plazas de centros de día y nuevas casas del mayor podríamos poner en marcha por toda la geografía gallega? ¿Cuánto podríamos mejorar y agilizar la atención a nuestros dependientes si el Gobierno central saldase su deuda de 2.500 millones con Galicia”, preguntó Pazos.

Incompetencia

El portavoz popular lamentó que “el Gobierno de Pedro Sánchez, para tapar su incompetencia en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de dependencia, se ponga de perfil y de un paso más al aprobar una reforma de la ley que obliga a las comunidades y ayuntamientos a prestar más servicios sin poner la financiación necesaria para sufragarlos”.

Así, si bien valoró la incorporación de “algunas medidas o cambios”, “máxime teniendo en cuenta que la gran mayoría fueron propuestos por la propia conselleira al ministro”, censuró que, “una vez más”, el Gobierno obligue a las comunidades y a los ayuntamientos a prestar nuevos servicios sin el correspondiente respaldo financiero. 

Ello, según advirtió, va a derivar en un “incremento considerable y preocupante de la deuda que en la actualidad ya tiene el Estado con Galicia de 2.500 millones”.