El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela tendrá la oportunidad -y la obligación- de demostrar en las presidenciales del próximo domingo que Venezuela tiene "el mejor sistema electoral del mundo", como las autoridades de la institución comicial y el propio mandatario Nicolás Maduro proclamaron insistentemente durante la campaña.

Bajo la bandera de la 'transparencia', el presidente del CNE, el chavista Elvis Amoroso, aprovecha cada intervención o comparecencia pública para insistir en las bondades del sistema venezolano, una afirmación compartida, en parte, por la oposición, que confirma que se trata de un método rápido y seguro, pero desconfía de quienes lo manejan.

Sin embargo, en estos comicios, habrá miles de ojos vigilando que no haya manipulaciones ni trampas, de las que, con frecuencia, el antichavismo acusa a los oficialistas de, supuestamente, mover los hilos entre bambalinas.

Serán los propios ciudadanos quienes controlen cada movimiento en los centros de votación, donde la oposición desplegará "testigos voluntarios", ya acreditados, en las 30.026 mesas electorales de todo el país, que se sumarán a los observadores y acompañantes nacionales e internacionales invitados por el CNE.

El poder electoral bajo la lupa

Si bien el sistema, totalmente automatizado, cuenta con la confianza de la mayoría de la ciudadanía, las autoridades del CNE no son vistas con tan buenos ojos, ya que, desde que comenzó a correr el cronograma electoral, se han granjeado el recelo de diversos sectores de la oposición por movimientos que, todavía hoy, no se han aclarado.

Después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara la inhabilitación de María Corina Machado -ganadora de las primarias opositoras- para competir por la Presidencia, la coalición antichavista unitaria decidió postular como candidata a Corina Yoris, una académica de ochenta años, pero el CNE no permitió su inscripción.

El ente electoral, encabezado ahora por el exlíder de la Contraloría General -institución encargada de las inhabilitaciones políticas-, fue duramente criticado por no dar una respuesta a la petición de motivos del bloqueo a Yoris, pero dejó correr los días mientras el cronograma avanzaba.

Sin embargo, entre fuertes presiones, sí permitió la inscripción de la candidatura provisional de Edmundo González Urrutia, un personaje entonces completamente desconocido, que luego tuvo que ratificar, sin excusas, al decidir la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que fuera el abanderado definitivo para las presidenciales.

Observadores y campaña

Según las autoridades, más de 635 observadores internacionales han confirmado su visita a Venezuela para presenciar el proceso electoral, pero, entre ellos, no se encuentran los de la Unión Europea (UE), pese a que fueron invitados en marzo por el CNE, el mismo que les retiró la invitación poco más de dos meses después.

La razón fue, según Amoroso, la ratificación de las sanciones personales e individuales -sin impacto sobre empresas públicas o fondos del Estado- que el grupo de los Veintisiete mantiene sobre funcionarios chavistas, impedidos de viajar al territorio comunitario y con sus bienes y propiedades en la UE congelados.

La retirada de dicha invitación despertó recelos y desconfianza en los ciudadanos próximos a la oposición, que se han organizado para vigilar, en primera persona, el desarrollo de los comicios, al considerar que los observadores que presenciarán el proceso son afines al chavismo.

Una vez superado el revés, la oposición se metió de lleno en la campaña, sin perder de vista los movimientos del CNE, que se comprometió a vigilar el proceso y a no permitir que se incumplieran las normas contempladas en la ley electoral.

Sin embargo, los incumplimientos estuvieron a la orden del día y el ente electoral no se pronunció al respecto, y permitió, entre otras irregularidades, el reparto desigual de la promoción política en los medios, especialmente, los estatales, o las intromisiones en el honor, la intimidad y la vida privada de las personas, entre otros.

Ahora, está en el aire la incógnita sobre si el CNE, ya fuera de plazo, reaccionará ante estas irregularidades o pasará página.