Decía el filósofo John Locke, con toda razón, que la arbitrariedad es, valga la redundancia, la ausencia de la racionalidad. Es decir, la arbitrariedad en el ejercicio del poder equivale a la toma de decisiones sin motivación o justificación suficiente o, si se quiere, gobernar cambiando de criterio en la resolución de los asuntos generales por conveniencia o utilidad particular.

La irracionalidad, que es la característica que mejor define a la arbitrariedad, ordinariamente va de la mano de la subjetividad, mientras que la racionalidad suele acompañar a la objetividad. En este sentido, conviene recordar que, según la Constitución de 1978, el poder debe ejercerse al servicio objetivo del interés general.

En efecto, el poder público es, en una acepción clásica, el medio que tiene el Estado para hacer presente el bien de todos. Por tanto, en sí mismo, tiene una clara dimensión relacional y se fundamenta en su función de hacer posibles los presupuestos para el pleno desarrollo del ser humano en libertad solidaria. Es decir, el poder público se justifica en función de hacer posibles los fines existenciales del hombre, fundamentalmente, su pleno, libre y solidario desarrollo como ser humano en sociedad.

El poder público se encuentra acompañado de un conjunto de facultades jurídicas especiales que se dirigen a la consecución del bien de todos, del bien de toda la comunidad, del bien común. Por eso, las personas que ejercen poderes públicos deben tener claro, muy claro, que dichos poderes se justifican en la medida que se utilicen al servicio del bien de todos, no de una parte de la sociedad, por relevante que esta sea.

El poder público en su sentido más propio está vinculado esencialmente al bien de todos, por lo que si se usa en beneficio propio o de grupos determinados se hace un uso contrario a las más elementales normas y principios del ejercicio del poder en la democracia.

También, más en tiempos de radicalización, el poder debe ejercerse con moderación, con medida, con mesura, con sentido de la proporción, sin lesionar derechos y siempre al servicio objetivo del interés general. De un interés general democrático, que es el que se caracteriza por su concreción, justificación, vinculación a los derechos fundamentales, y, por la participación social. Los buenos gobiernos ejercen el poder, por supuesto, pero según los cánones de un Estado de Derecho. Lo contrario es lo que tenemos en tantas latitudes:  tiranía o despotismo sin cuento: el reino de la arbitrariedad.