Es verdad, quien podrá negarlo, que la percepción del volumen de la corrupción es el efecto de la transparencia, el reflejo de la información que los medios de comunicación nos sirven con frecuencia. En efecto, todos los días son objeto de las portadas de los periódicos, de la televisión o de la red noticias que se refieren de una u otra manera a la corrupción. Tales informaciones generan, es lógico, tolerancia cero por parte de los ciudadanos y la sensación de hartazgo aumenta.

Transparencia Internacional (TI) publicó no hace mucho un informe sobre la corrupción en la instituciones comunitarias. Un informe de hace varios años que analiza diez instituciones. Según esta ONG, las instituciones de la Unión Europea son vulnerables a la corrupción debido a las lagunas normativas existentes y a la mala aplicación de las normas en materia de ética, transparencia y control financiero. El problema no es de orden cuantitativo en lo que se refiere a la producción normativa. Existen demasiadas normas y la maraña y confusión es tal que la complejidad de las regulaciones está socavando fuertemente nada menos que los fundamentos del edificio europeo. En este sentido, la complejidad de las reglas, la complacencia en su poder taumatúrgico y, sobre todo, la falta de seguimiento, están en la base de los resultados obtenidos en la lucha anticorrupción en Europa. Según este informe de Transparencia Internacional, el 70% de la población consultada estima que la corrupción está presente en la Unión Europea.

Es verdad que en el seno de la Unión Europea existen normas y prácticas que garantizan estándares elevados de servicio y de rendición de cuentas que pueden ser utilizados por los ciudadanos. Por ejemplo, como señala el informe de Transparencia Internacional, están a disposición de los ciudadanos mecanismos para solicitar la investigación de sospechas de fraudes, para acceder a la documentación de las instituciones de la Unión Europea o para solicitar la revisión judicial de las decisiones que les afecten.

El problema está en que prácticamente tales canales se usan poco o muy poco porque la ciudadanía piensa, no sin razón, que no sirven para mucho. Las principales deficiencias, según el informe de Transparencia Internacional, se encuentran en materia de lobbies y en los hábitos de negociación que imperan en la Unión Europea. En efecto, no existen reglas jurídicamente vinculantes en materia de lobbies porque son dueños y señores del mundo comunitario.

Por otra parte, la tendencia a la negociación a puerta cerrada que caracteriza las formas y métodos comunitarios atentan contra las más elementales exigencias de la transparencia. Por si fuera poco, la ausencia de un supervisor independiente que controle que los ex altos cargos y ex altos funcionarios cumplan las reglas ex post a su trabajo en la Unión Europea para el acceso a la empresa privada, provoca muchas situaciones de obvios conflictos de interés.

Transparencia Internacional llama la atención de que solo una institución de la Unión Europea dispone de mecanismos realmente eficaces para proteger a delatores internos que denuncien prácticas de corrupción. Tampoco se comprueban las declaraciones de bienes de eurodiputados y comisarios. La contratación pública, una de las principales causas de la corrupción, sigue instalada, cada vez más, en sistemas que priman la negociación en lugar de la publicidad y concurrencia.

Ahora, con miles de millones de euros para la lucha contra la crisis económica provocada por la pandemia, mucho nos tememos que la corrupción, ya lo estamos viendo, campa a sus anchas ante la ausencia de controles reales realizados por autoridades independientes.