El Gobierno y el PSOE no salen de las coplas. Es un no parar de culebrones político-judiciales que se explaya en sede parlamentaria y en los juzgados. La corrupción de cercanías es una sombra negra sobre los planes de Sánchez, en vísperas de un congreso de partido llamado a beatificarlo y un tormentoso tramo final de negociaciones encaminadas a aprobar los Presupuestos del Estado para el año 2025.

Lo primero -congreso aclamatorio- parece garantizado puertas adentro. Lo segundo -cuentas públicas para el ejercicio venidero, aunque de tardía entrada en vigor- lo tiene muy difícil, a la vista de las contradicciones internas en la ecuación de poder sobre la que asienta el actual Gobierno de coalición PSOE-Sumar.

De momento, los quebraderos de cabeza de Sánchez tienen nombre. Uno es el de Víctor de Aldama, caracterizado como “nexo corruptor” por la misma Guardia Civil que le condecoró hace poco más de dos años, por servicios prestados no aclarados. El otro es el de Juan Lobato, secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSOE) hasta hace unos días.

Aunque con resonancias de muy distinta naturaleza son dos terminales de una corrupción de cercanías que afecta a familiares del presidente del Gobierno, a algunos de sus ministros predilectos y -atención, palabras mayores- al fiscal general del Estado. Con elementos políticos y judiciales cruzados. A saber: un dirigente político que recurre a un notario para salir del radar de la Justicia cinco minutos antes de que le empapelen por revelación de secretos. Y un presunto dispensador de “mordidas” que hace pinitos políticos cuando declara: “Por menos de eso se le hizo una moción de censura a Mariano Rajoy”.
Lobato puede consolidarse como el dirigente socialista que no quiso ser cómplice de la indignidad, aunque se quedó a media salida al declararse “incompatible con la dirección de mi partido”. Eso puede condenarle a desaparecer en la polvareda de la trituradora sanchista. Sería una mala noticia para quienes creemos, como cree él, que el PSOE debe funcionar como un partido democrático y no como una secta.

Y vamos con Aldama y lo que le cuelga. Es el huracán que soplará sobre el congreso federal del PSOE que se celebra este fin de semana en Sevilla. El corruptor anuncia que descargara en sede judicial un volquete de pruebas contra personas del entorno sanchista. Pero de todos los nubarrones del caso hay uno cuyo potencial explosivo también viene con nombre y apellido. El supuesto es de financiación ilegal (lo que tumbó a Rajoy e hizo presidente a Sánchez) y el nombre es el de Carmen Pano. Dice esta empresaria que, en octubre de 2020, entregó por orden de Aldama 90.000 euros en la sede del PSOE, que lo ha declarado ante notario y que lo piensa ratificar ante el juez. Vienen curvas en los planes de Sánchez.