El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, se reunió esta mañana con la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, con motivo de la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda del préstamo de 973.689,84 euros para financiar el pago de nuevas sentencias derivadas del proceso de expropiación de la urbanización Costa Miño, tramitado a principios de los años 2000 por el Concello en beneficio de la entidad Fadesa Inmobiliaria.

El ejecutivo miñense se vio obligado a recurrir de nuevo a esta vía de financiación tras recibir nuevas sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el pasado mes de septiembre, en las que se obliga al Ayuntamiento a pagar el justiprecio expropietario (que asciende a 552.895,08 euros de principal y unos 420.794,76 euros en materia de intereses) a diversas personas expropiadas.

En la reunión, Faraldo agradeció a María Rivas y al Ministerio de Hacienda “que ofreceran de novo unha saída a esta situación, ofrecendo a alternativa de financiamiento con este tipo de préstamo, o que fai que non teñamos que acudir a unha entidade financeira con condicións menos favorables para os intereses do Concello, xa que as arcas municipais non poderían asumir directamente o pago”.

Esta no es la primera vez que el Concello se ve obligado a recurrir a este mecanismo, pues es el cuarto préstamo que Hacienda concede a la entidad local. En total, el importe concedido asciende a 21,5 millones de euros que el Ayuntamiento puede liquidar hasta el 2050 tras una renegociación llevada a cabo por el actual gobierno local.

Con todo, ambos son conscientes de que su colaboración en esta materia no se quedará aquí. Faraldo avanzó que “nos próximos meses chegarán outras sentencias sobre unha quincena de fincas que suporán un importe similar”, algo que “probablemente nos obrigue a volver a recurrir a esta vía de financiamento para non poñer en risco as arcas municipais e poder seguir cumprindo coas nosas obrigas legais sen comprometer investimentos no municipio”.

Además, el alcalde sugirió a María Rivas y al Gobierno central que se estudie la posibilidad de condonar deuda a los ayuntamientos, en caso de que la comunidad autónoma se oponga a la quita de 4.000 millones de euros que plantea actualmente el Ejecutivo para Galicia. “Se o goberno autonómico se opón a esta condonación, estou convencido de que somos moitos os Concellos que estariamos encantados de que se nos quitase unha parte da nosa débeda”, expresó.

Por su parte, María Rivas destacó este préstamo, poniéndolo como “un exemplo do compromiso deste Goberno cos Concellos, en especial con aqueles que teñen máis dificultades”.