La ANPA del Centro de Atención á Discapacidade “Souto de Leixa” –resultado de la división del Carmen Polo en este y el Terra de Ferrol– ha venido denunciado casi desde su puesta en marcha, en el año 2011, los incumplimientos de los acuerdos establecidos en su día para la puesta en marcha de este centro, dirigido a mayores discapacitados. 
El CAPD atiende a 172 usuarios, siendo uno de los de mayor capacidad de Galicia –el de Sarria es para 120 personas; el de Redondela para otros tantos y el de Santiago Apóstol de A Coruña para 80 asistentes– y, según denuncian los representantes del ANPA Jesús Gómez y José Castro, cuentan con la mitad de personal que esos centros, por lo que la ratio de trabajadores-usuarios está totalmente descompensada.
Al problema de personal se une el de la propia infraestructura. Así, recuerdan que en un principio se hablaba de construir hasta un centro deportivo, que daría servicio, además, a la residencia, centros de día y usuarios del CAMF, y que nunca se llegó a construir. Tampoco, según denuncian los afectados, se cumple la normativa de dependientes, por falta de accesibilidad en algunas partes. 
Mención aparte merece la utilización del vaso terapéutico, que con la separación de los dos centros ha quedado en el Terra de Ferrol y, pese a estar previsto para ambos centros, los usuarios del Souto de Leixa no pueden utilizarlo. El Valedor do Pobo les ha dado la razón y las Consellerías de Benestar y Educación deben hacer efectivo ese uso, que reconocen que debe ser compartido y apuntan que solo están pendientes de unas obras –cuestión con la que no está de acuerdo el ANPA, ya que el vaso es usado por los alumnos del centro educativo parte del año–.
A las deficiencias humanas y materiales se unen los problemas económicos. La gestión del centro la realiza una empresa privada que, según el pliego de condiciones, debe también hacerse cargo del transporte, ya que los usuarios realizan un copago del 38% de sus ingresos. Desde el mes de enero se ha comenzado a cobrar el transporte, lo que incrementa otro 12% el pago por parte de los afectados. Esta cuestión, según se explicó desde el ANPA, está ya denunciada por alteración de las normas del contrato. Por todo esto, piden que la Xunta atienda sus demandas y que el Concello de Ferrol apoye, con la aprobación de la moción, sus reivindicaciones, puesto que responden a necesidades de un importante sector de la ciudadanía ferrolana.  n