Cuando ayer por la tarde se dio a conocer la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia, la magistrada del Supremo Margarita Robles estaba siendo entrevistada por este periódico, con motivo de la conferencia que mañana –20.15 horas– pronunciará en el Colegio de Abogados de Ferrol sobre las reformas de Gallardón. Ya había expresado su esperanza de que la dimisión llegase, porque ya se conocía también la retirada del anteproyecto de la Ley del aborto, y cuando se confirmó aseguró que la de Gallardón “ha sido una página de gestión ministerial manifiestamente mejorable, ya que no ha sido una buena etapa la para Justicia”, añadiendo que espera que “el próximo ministro   tenga más sensibilidad”.

¿Qué cuestiones tiene previsto abordar en la conferencia del jueves?
Básicamente, quiero hacer un balance general de la política legislativa del Ministerio de Justicia, que creo que ha sido muy desastrosa. Se ha plasmado exclusivamente en dos leyes: una la Ley de tasas que lo que hace es restringir los derechos de los ciudadanos y, por otra parte, ha limitado la configuración del Consejo del Poder Judicial, reduciéndolo. Esas han sido las dos únicas leyes que ha hecho y luego toda una serie de anuncios que vamos a ver qué pasa con ellos. El Código Penal lleva un año paralizado, el aborto hoy –por ayer– se ha visto que lo retira el Gobierno, y luego está este anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende la supresión de los partidos judiciales, que, en mi opinión, es otro disparate y que lo que va a suponer, junto con las tasas, es alejar más la justicia de los ciudadanos, por lo que hay que intentar que se retire.

¿Qué repercusiones está teniendo la aplicación de la Ley de tasas?
Se está notando mucho sobre todo en la apelación y en el recurso de casación. La apelación para ir a una doble instancia hay que pagar 800 euros, para acudir al recurso de casación hay que pagar 1.200 euros, entonces estamos viendo que está bajando mucho la gente que puede recurrir a la Audiencia y yo lo veo también en el Supremo, porque tener que pagar 1.200 euros es una cosa que dificulta mucho y se está notando muchísimo en el número. Son unas tasas de una cuantía desproporcionada del todo y espero que el Tribunal Constitucional, que en este momento tiene un recurso de constitucionalidad pendiente, se pronuncie y pueda anular esa ley.

En el caso del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), qué supondrá?
Espero que ese anteproyecto no siga su trámite. En este momento todavía no está remitido al Congreso de los Diputados, pero si se aprobara como viene supondría la supresión de los partidos judiciales, solo en las capitales de provincia habría órganos judiciales, lo que implicaría un alejamiento mayor de los ciudadanos de la Justicia. Si a eso unimos las tasas, los separamos todavía más. Así, las reformas en estos dos años habrán ido en una única línea de restringir los derechos de los ciudadanos. No se han dado medios a los jueces; como consecuencia de la crisis económica los juzgados están mucho más colapsados y la única medida que se ocurre es poner tasas o quitar partidos judiciales. Creo que la verdad es un panorama muy preocupante.

¿Confía en que se retire este polémico anteproyecto?
Espero que, al igual que el presidente del Gobierno ha dicho que hay determinadas leyes que no pueden salir sin consenso, porque son de una gran importancia, una ley de tanta magnitud como es la que supone dar un cambio completo a la Justicia en España no salga sin el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales. En este momento los informes que se han hecho desde todos los puntos de vista políticos, jurídicos y sociales son negativos, todo el mundo está siendo muy crítico con este anteproyecto. No podemos poner en marcha una ley que va a suponer un vuelco en detrimento de los derechos de los ciudadanos, alejándolos de la Justicia. Sería muy grave.

¿Cree que en la retirada de la Ley del aborto pudo más la presión ciudadana o la falta de apoyo del propio PP?
Yo creo que todo junto, era un anteproyecto de ley que no tenía ningún sentido presentarlo ahora. Yo siempre he dicho que estamos para resolver problemas y no para generarlos. Un anteproyecto que provoca tanta tensión social, que lo que genera es debate, hay que reflexionar y ver  que esa ley en vez de solucionar un problema lo va a crear. El tema del aborto es un muy complicado y delicado, en el que están sensibilidades éticas y morales; los derechos de la mujer y hay un recurso pendiente al Tribunal Constitucional. No había ninguna necesidad de que esa Ley del aborto se modificara y además sin consenso. Ahora digo lo mismo respecto a LOPD, ni hay consenso ni va a solucionar problemas, sino que al contrario va a crear muchísimos más problemas a la Justicia. La Justicia está muy mal en España porque no hay medios, porque no se han preocupado de ella. Por lo que espero que, por el mismo argumento que ha dado el presidente del Gobierno de falta de consenso, ese anteproyecto no continúe adelante.

En realidad, la LOPJ sí necesita una reforma ¿no?
Sí, pero lo que se hizo hasta el momento ha sido anunciar una cosa y también la contraria. Por ejemplo, se habla de que la instrucción de los sumarios será colegiada y por tres jueces, y, al mismo tiempo, se había anunciado a bombo y platillo otro anteproyecto que ha caído también, de que la instrucción la iban a llevar los fiscales. Lo que no se puede es en dos años es presentar como la gran oferta que la instrucción la van a llevar los fiscales y que irá por el Código Procesal Penal, y después decir que no y que la van a llevar los jueces. Quiero decir que las reformas hay que llevarlas con mucho cuidado y valorar los pros y los contras y, sobre todo, tiene que haber consenso.

En el tema de los partidos judiciales, al parecer existe un compromiso, en el caso de Galicia, de conservar los de Ferrol, Vigo y Santiago.
Yo esos compromisos no los entiendo. Los compromisos están bien pero las personas que vivimos en el mundo del Derecho entendemos lo que está en las propuestas y eso no está recogido todavía. Si al final hay que hacer modificaciones esto debería llevar al Ministerio a reflexionar de que las cosas no se están haciendo bien. Por eso es imprescindible que se retire el anteproyecto y después se haga con prudencia y consenso, y conociendo la realidad social. Yo creo que una de las cosas peores de este Ministerio es distorsionar la realidad de la Justicia.

¿Cómo está la Justicia en España en comparación con otros países europeos?
La Justicia en España, como consecuecia de la crisis económica, está muy mal en este momento, porque tenemos un nivel de litigiosidad superior al de otros países. Mientras que en otros países, como por ejemplo en Francia, entran seis millones de auntos, en España entran nueve millones al año. Pero es que también tenemos una proporción de jueces por cien mil habitantes muy inferior a la de Francia o Alemania. Si a eso sumamos una reforma laboral que ha hecho que la conflictividad social se haya disparado, la cosa aún es peor. Antes la jurisdicción social iba muy al día; en grandes ciudades un despido tardaba en verse tres o cuatro meses y ahora está tardando un año y medio. Eso quiere decir que los juzgados están mucho más atascados. También están aumentando los desahucios y los incumplimientos de contrato. Todo ello hace que los juzgados estén sobrecargados de trabajo en la actualidad.