La presión internacional aumenta contra la junta militar que tomó el poder en Birmania, mientras continúan las manifestaciones en rechazo al golpe de Estado que son aplacadas con brutalidad por las fuerzas de seguridad.

Durante las protestas de hoy en Rangún, antigua capital y ciudad más poblada, un manifestante recibió un disparo en la cabeza efectuado por la policía y los soldados que buscan extinguir a través de la violencia el masivo movimiento civil de disidencia, reporta el medio The Irrawaddy.

En la noche del viernes, según informa el portal Myanmar Now, otras dos personas fallecieron en la misma urbe al ser alcanzados por los tiros realizados por las patrullas nocturnas de las fuerzas de seguridad que buscan obligar a la población a cumplir el toque de queda impuesto por el régimen militar.

Desde el sublevamiento del 1 de febrero y hasta este viernes, al menos 235 personas han perdido la vida a raíz de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra las protestas a lo largo de Birmania en rechazo a la toma del poder del Ejército, apunta la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).

A pesar del derramamiento de sangre, el movimiento civil resiste y miles de personas continúan desafiando a la junta militar.

En Monywa, en la región central de Sagain, un millar de personas salieron hoy a las calles en una protesta donde se quemaron varios ejemplares de la Constitución de 2008, la Carta Magna redactada por los militares y que les permitió mantener una enorme influencia política durante la década de transición democrática (2011-2021) interrumpida bruscamente con el levantamiento militar.

Los manifestantes reclaman que los uniformados restauren el sistema democrático, respeten los resultados de las elecciones de noviembre y la libertad para todos los detenidos por la junta militar, alrededor de 2.000 personas, según AAPP, entre ellas la líder del depuesto gobierno electo, Aung San Suu Kyi.

VIOLENCIA "INACEPTABLE" CONTRA CIVILES DESARMADOS

"Estoy horrorizado por el uso persistente de la violencia letal contra civiles desarmados que ha conllevado a un alto número de muertes y heridos, además de sufrimiento a lo largo de la nación. No hay justificación, el uso de munición real contra manifestantes pacíficos es inaceptable", dijo anoche el primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin.

El gobierno de Kuala Lumpur expresó públicamente su apoyo a la solicitud emitida el viernes por el presidente de Indonesia, Joko Widodo, de realizar una reunión de urgencia entre los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para tratar la crisis birmana.

"Esta deplorable situación debe parar inmediatamente", reclamó el mandatario malasio al insistir en la búsqueda de una "solución pacífica" mediante el "diálogo" y la "negociación" de todas las partes implicadas para evitar una "mayor escalada de tensión".

Al igual que su homólogo indonesio, Muhyiddin exigió a los militares la "liberación incondicional" de Suu Kyi, bajo arresto domiciliario desde el levantamiento militar y a quien los militares acusan de una serie de delitos, entre ellos el de corrupción.

"LA JUNTA NO PUEDE DERROTAR AL PUEBLO UNIDO"

El relator especial de Naciones Unidas para Birmania, Tom Andrews, afirmó que la junta militar está "desesperada" al ver como lanza "ataques despiadados para provocar una violenta respuesta que sirva para justificar una mayor represión" y que no llega por parte de los manifestantes pacíficos.

"La junta no puede derrotar a la oposición pacífica del pueblo unido de Birmania", señaló Andrews en Twitter al pedir este sábado a los países que corten cualquier "acceso a dinero y armas" para los militares birmanos.

La petición del relator coincide con la demanda la víspera del secretario general de la ONU, António Guterres, al pedir una respuesta firme y urgente a la "brutal violencia" con la que los militares están reprimiendo las protestas.

"Una respuesta internacional firme y unificada es necesaria urgentemente", defendió Guterres a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, quien recordó que la junta militar birmana está "desafiando" los llamamientos a acabar con las violaciones de los derechos humanos y retornar a la democracia.

Guterres recalcó que "los asesinatos y arrestos arbitrarios de manifestantes pacíficos, incluidos periodistas, son absolutamente inaceptables" y reiteró su apoyo al pueblo birmano y a sus aspiraciones para lograr un país "pacífico, estable y próspero".

El Ejército, por su parte, defiende la dura actuación de las autoridades y justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los citados comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi y que fueron calificados de legítimos por los observadores internacionales.