La creación de una comisión de expertos para modernizar el sistema tributario español de cara al ejercicio 2022” es el eufemismo que empleó la ministra de Hacienda para anunciar una subida impositiva de la que cabe esperar lo peor para nuestras carteras.

Todos somos conscientes de la necesidad de una fiscalidad progresiva para que el Estado recaude recursos y los aplique a sostener el bienestar (los servicios que demandamos y recibimos), la cohesión territorial y la solidaridad intergeneracional.

Pero los ciudadanos mostraron en las emisoras de radio y en las redes sociales su rechazo claro a la “armonización” de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones y a la subida de Sociedades, señalados por la ministra, y a otros que están en su punto de mira, como la revisión de la renta, el IVA, mas IBI a los pisos vacíos, el uso de las autovías y otros tributos. Su objetivo es arreglar el desequilibrio de las cuentas públicas y acabará cobrando por respirar.

Incluso con argumentos falsos. No es verdad que la presión fiscal sea menor en España que en Europa. Es menor la recaudación porque los salarios son más bajos y el paro y la economía sumergida doblan la media de la UE. Los que pagan tributan como el que más. Europa tampoco impone subida de impuestos, habla de reforma de la fiscalidad.

La ministra Montero fue desmentida por la vicepresidenta Calviño y no sé cuál de las dos ganará ese pulso. Pero subir la fiscalidad ahora es un desatino que espanta a inversores, penaliza el consumo, la producción, el empleo… Provoca una cadena de despropósitos. Lo dicen la OCDE y grandes economistas.

Los mismos ciudadanos que rechazan la subida de impuestos señalan otra manera de equilibrar las cuentas del Estado: mejorar la eficiencia en el gasto público que, entre otras medidas, pasa por la reducción de la estructura político-administrativa que no aumenta el bienestar de la gente. El paradigma es el gobierno, un ejemplo de “industria política” abusiva, con una carga de ministerios costosos y varios prescindibles. Un despilfarro público descomunal.

Hace un año la señora Calviño –cada día se parece más a Pedro Solbes– habló de la necesidad de culminar la auditoría del gasto público para eliminar partidas superfluas y garantizar el uso eficiente de los recursos. “La buena gestión de lo público, decía, forma parte de la recuperación de nuestro país”. Pero nunca más se supo de esa auditoría para garantizar la eficiencia del gasto.

Lo único cierto es que la gente está harta de los sablazos del fisco para mantener tantos chiringuitos y muchos cargos políticos innecesarios que viven a cuenta de los impuestos de trabajadores y clase media. Los paganos de siempre.