Gobierno y agentes sociales ultiman la negociación para la prórroga de los ERTE, con las exoneraciones vinculadas a la formación como principal escollo para cerrar un acuerdo, pero con consenso sobre la necesidad de mantener un mes más las condiciones actuales antes de que entre en vigor el nuevo esquema.

Fuentes sindicales han explicado que en la reunión mantenida este jueves entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales ha habido un acercamiento respecto a la necesidad de que las empresas vuelvan a solicitar un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), cuya vigencia empezaría el 1 de noviembre.

Para ello tendrán hasta el 10 de octubre para presentar la solicitud, con un plazo de diez días por parte de la Administración para resolverla.

Mientras tanto, el Gobierno y los agentes sociales acordarán prorrogar hasta el 31 de octubre los presentes ERTE, dando margen así para solicitar y resolver los nuevos, han explicado fuentes de CCOO.

Según UGT, el Gobierno ha reconsiderado su inicial posición y el silencio administrativo deberá entenderse como positivo y no como negativo, tal y como planteaba el pasado martes. Gobierno y agentes sociales retoman mañana esta negociación.

Ausencia de la Seguridad Social

En la reunión, a la que no ha asistido ningún representante de la Seguridad Social, se ha mantenido como principal escollo la intención del Ministerio de Inclusión de vincular las exoneraciones en el pago de las cotizaciones sociales de los trabajadores en ERTE a que las empresas pongan en marcha planes de formación para su plantilla.

Fuentes de los sindicatos UGT y CCOO han explicado que éste es "un inconveniente" a la hora de cerrar un acuerdo.

A juicio de UGT, aunque vincular la formación a la situación de ERTE es "una buena idea", esto "debe hacerse con las suficientes garantías, que no se dan en una prórroga que debe servir para llevar los ERTE por la covid al 31 de enero de 2022".

Para CCOO, este asunto "debe abordarse en la mesa de modernización del mercado laboral", dentro de un nuevo mecanismo de flexibilidad interna que sustituya a los ERTE, vinculando las reducciones de jornada a planes de formación, "y no en esta negociación".

También es un obstáculo para el consenso el llamado "contador a cero", es decir, que el cobro de la prestación por desempleo de los trabajadores en uno de estos ERTE no compute para una eventual percepción de esta prestación en caso de irse al paro.

UGT ha pedido que dicho contador a cero, que actualmente termina el 31 de diciembre, sea ampliado hasta el 30 de junio de 2022, y ha advertido de que "es imprescindible para nosotros que las personas trabajadoras no sufran merma en el desempleo".

Este asunto, para el que hay consenso entre los agentes sociales, no parece que vaya a ser un escollo, sino que falta que el Gobierno "concrete su posición".

CCOO ha insistido en la reunión en recuperar las prestaciones para los fijos discontinuos y en nuevos ERTE de limitación de actividad, en el caso de que haya nuevas restricciones.