La junta militar de Birmania redujo ayer a dos años de cárcel la pena contra la depuesta líder, Aung San Suu Kyi, después de que horas antes un tribunal la condenara a cuatro años de prisión en la primera sentencia por los diversos juicios a los que se enfrenta.

La televisión estatal MRTV anunció que Suu Kyi pasará dos años bajo arresto en su actual centro de detención, una sentencia reducida después de que el líder de la junta militar Min Aung Hlaing le concedió un indulto parcial.

Suu Kyi, que fue detenida cuando el Ejército tomó el poder en un golpe de Estado del pasado 1 de febrero, ha estado detenida en un lugar secreto en los últimos meses pero en ningún momento se ha dado a entender que estuviera en una prisión.

Tras un juicio a puerta cerrada, Suu Kyi, de 76 años, fue sentenciada esta mañana a dos años de cárcel por el delito de incitación contra los militares y otros dos años por vulnerar la normas vinculadas a la pandemia.

El delito de incitación, según el artículo 505(b) del Código Penal, se refiere a varios comunicados enviados por el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND), para oponerse al reconocimiento de la junta militar poco después del golpe.

La violación de las normas por la pandemia se debe a varios actos electorales celebrados por Suu Kyi antes de las elecciones de noviembre de 2020.

Suu Kyi fue sentenciada en una vista en la capital por un tribunal que impuso la misma condena por cargos idénticos al presidente depuesto, Win Myint, y una pena de dos años de cárcel para el exgobernador de Naipyidó, Myo Aung, por vulneración del artículo 505(b).

La sentencia también implica la inhabilitación política de los detenidos en el hipotético caso de que la junta celebre elecciones, algo que ha prometido sin fijar una fecha aún.

La condena a Suu Kyi ha sido ampliamente condenada por la ONU, EEUU, la Unión Europea, entre otros, además de una multitud de organizaciones de derechos humanos que la han calificado como “el último ejemplo de la determinación del Ejército de eliminar cualquier oposición y suprimir las libertades en Birmania”.

El golpe de Estado ha sumido a Birmania en una crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia.