Los programas electorales de los partidos de cara al 23-J apuntan propuestas de continuidad en las políticas económicas por parte de la coalición de gobierno de izquierdas (PSOE y Podemos/Sumar), con avances en la misma dirección, y derogaciones y cambios radicales por los dos partidos de la derecha (PP/VOX).
En líneas generales, los partidos abogan por una reforma fiscal, de distinto signo; el PSOE apunta a conseguir el pleno empleo; el PP habla de una tarifa cero para los autónomos; VOX pretende derogar la reforma laboral, y Sumar defiende la rebaja de la jornada de trabajo a 32 horas.
En esta campaña, eso sí, las pensiones tienen menos protagonismo que en otras ocasiones.
La derogación de la Ley de Vivienda que proponen tanto PP como VOX y la eliminación del IVA en la compra de la vivienda habitual (VOX) conviven con propuestas de cambios en el mercado eléctrico para reforzar o hacer automático el bono social para consumidores en situación de vulnerabilidad.
Planes de choque para mejorar las cercanías ferroviarias (PP), tasas para disuadir de los vuelos en avión (Sumar) o posiciones contrarias a la imposición de peajes en las carreteras (VOX) son otras propuestas recogidas en los programas.
Todos los partidos plantean cambios fiscales aunque con orientaciones diferentes, ya que mientras el PP persigue "proteger el ahorro, la inversión y fomentar la creación de empleo" y VOX, simplificar el "infierno fiscal", Sumar aboga por mejorar la progresividad.
En su programa, el PSOE recoge que "evaluará" la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas, así como los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, avanzará en la fiscalidad verde y apunta a una mejora de los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto.
En materia de IRPF, Sumar quiere elevarlo para rentas a partir de 120.000 euros, mientras que el PP se inclina por su deflactación (ajuste a la inflación) y VOX, por bajarlo hasta un tipo fijo del 15 % para rentas inferiores a 70.000 euros y del 25 % para las que superen esa cantidad.
En esa línea, el PP defiende eliminar el impuesto a las grandes fortunas o bajar el IVA a la carne y el pescado mientras que VOX plantea la supresión del impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones; y Sumar, hacer permanente el impuesto de grandes fortunas y eliminar los "privilegios" de socimis y sicav.
El PSOE ha establecido como objetivo de legislatura alcanzar el pleno empleo, para el que estima una tasa de paro del 8 %, y propone fijar por ley que el salario mínimo interprofesional (SMI) siempre sea el 60 % del salario medio.
Tras declaraciones en ambos sentidos, el PP ha dejado fuera de su programa cualquier cambio en la reforma laboral y en sus propuestas aparece una tarifa cero para el primer año de los autónomos.
Mientras que VOX sí opta por derogar la reforma laboral y aboga por bonificar las cotizaciones en los dos primeros años de contrato indefinido de los trabajadores españoles y prohibir los piquetes informativos en las huelgas.
Sumar apuesta por la reducción por ley de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y el compromiso de negociar con los agentes sociales su reducción hasta las 32 horas, también marca como objetivo bajar la tasa de paro al 7 % y apoya revalorizar el SMI por encima del IPC.
El PSOE dice que se blindará el poder adquisitivo de las pensiones con un cambio constitucional y que se seguirá nutriendo la denominada hucha de las pensiones con unos 5.000 millones anuales; así como desarrollar nuevas modalidades de jubilación parcial y activa.
El programa de Sumar también recoge el compromiso de que las pensiones se suban con el IPC con mayores incrementos para las mínimas, las no contributivas y las de viudedad para las mujeres que no han cotizado.
El PP señala que asegurará la "sostenibilidad y suficiencia" del sistema de pensiones, y apunta al desarrollo de la denominada "mochila austriaca", unas cuentas individuales portables, nutridas con aportaciones de empresa y trabajadores, que podrán usarse en determinados supuestos como despidos.
En tanto que VOX defiende asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones "desmontando el sistema autonómico".
El PSOE plantea construir 183.000 viviendas públicas para alquiler, de las cuales la mitad será para jóvenes, la ampliación del Bono de Alquiler Joven y la creación de una cuenta de ahorro para la compra de primera vivienda, permitiendo ahorrar hasta 30.000 euros libres de tributación.
Tanto el PP como VOX se comprometen a derogar la Ley de Vivienda mientras que Sumar apuesta por modificarla para incluir, entre otras medidas, el alquiler social obligatorio para grandes tenedores.
En concreto, el PP propone un pacto de Estado por la Vivienda; un programa de avales para jóvenes de hasta 35 años por hasta el 95 % del precio; movilizar suelo público para construir casas asequibles y en régimen de alquiler y promover la vivienda social.
VOX apuesta por reformar, entre otras leyes, el Código Penal para evitar la ocupación ilegal y exime a los propietarios de inmuebles "okupados" del pago del IBI durante este periodo, a la vez que pide eliminar el IVA en la compra de la primera vivienda habitual y recuperar la deducción por vivienda habitual.
Sumar propone un bono para la compra de vivienda habitual para los hogares con hipoteca variable de 1.000 euros; fijar en las áreas tensionadas un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen por encima de los precios de referencia o los destinen a alquiler turístico; y aumentar la duración mínima de los contratos de alquiler tendiendo a que sean indefinidos.
El PSOE habla de una nueva línea de avales del ICO de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes menores de 35 años con un sistema que cubra el 20 % de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual.
El PP promete llevar a cabo un programa de avales destinados a jóvenes de hasta 35 años, con el fin de garantizar la concesión de hipotecas por valor de hasta el 95 % del precio total de la vivienda.
VOX asegura que recuperaría la deducción por la compra de vivienda habitual para que quien tenga una
hipoteca pueda deducirse los intereses que paga y compensar la subida de los tipos de interés.
Además, Sumar ofrece destinar 1.000 millones del impuesto extraordinario a la banca para dar un bono de 1.000 euros a un millón de hogares que en la última década firmaron una hipoteca a tipo variable de hasta 250.000 euros para la compra de una vivienda de hasta 300.000 euros.
La formación está dispuesta a establecer de forma obligatoria el cambio de hipotecas variables a tipo fijo, mientras que el PSOE se compromete a adoptar, fruto del diálogo con las entidades, mejoras aplicables a todos los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la conversión de las hipotecas a tipo fijo, la restructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago.
Sumar asegura que protegerán a los clientes de las entidades financieras regulando los rendimientos de los depósitos y recortando las comisiones bancarias.
El PSOE, sin embargo, apuesta por impulsar el ajuste por los bancos de los tipos de interés de los depósitos a los tipos de interés de mercado, instando en su caso a las investigaciones y actuaciones que aseguren una competencia efectiva en el mercado bancario.
El partido garantiza que pondrá en marcha la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero e impulsará la unión bancaria.
El PSOE ha anunciado la gratuidad del transporte público urbano para niños y estudiantes de hasta 24 años; asimismo, retomará la Ley de Movilidad Sostenible, creará un fondo estatal de contribución a este fin, y seguirá desarrollando la red de Alta Velocidad para que llegue a Asturias este año y a Almería, en 2026.
El PP desplegará un plan de choque para mejorar la calidad de las cercanías en todas las comunidades autónomas; aboga por mejorar las infraestructuras ferroviarias clave, de forma especial la conexión con Extremadura y avanza que seguirán impulsando los corredores ferroviarios (Mediterráneo, Atlántico y Central).
Sumar prevé imponer una tasa creciente sobre los viajes frecuentes en avión, que operaría a partir del segundo vuelo anual; eliminar los vuelos domésticos entre ciudades con una alternativa ferroviaria de menos de cuatro horas; reducir las tarifas del AVE y larga distancia; redirigir las inversiones de alta velocidad a cercanías y a las líneas convencionales, y proteger al sector del taxi estableciendo limitaciones a las VTC.
VOX se muestra contra los peajes en las carreteras y contra las medidas "injustas" que impiden a los españoles desplazarse en el medio de transporte que elijan por no disponer de recursos para comprar un vehículo "propulsado por las fuentes de energía que más interesan y que imponen las agendas globalistas", al tiempo que apuesta por reforzar las infraestructuras en la España rural.
El PSOE quiere avanzar hacia un modelo más sostenible y resistente que incluirá una Estrategia de Turismo LGTBI y el refuerzo de los programas de turismo y termalismo del Imserso, y que seguirá impulsando la Estrategia de Turismo Sostenible 2030, con un fuerte componente de digitalización.
El PP promete aprobar un Perte para el sector turístico; un Plan Renove para la de la hostelería; impulsar la creación de centros de excelencia en formación de turismo a nivel internacional, y elaborar un Plan Nacional de Formación y Reciclaje Profesional de calidad en el ámbito turístico.
Sumar defiende la creación de una tasa creciente sobre los viajes frecuentes en avión que operaría a partir del segundo vuelo anual; eliminar los vuelos domésticos entre ciudades con una alternativa ferroviaria de menos de cuatro horas; limitar las plazas hoteleras en función de "la capacidad de carga ecológica y social" de los territorios, y desarrollar un paquete de tasas turísticas.
VOX elaborará un Plan Nacional de Turismo que "restablezca la posición de España como primera potencia turística mundial" y pondrá en marcha medidas fiscales y de promoción interior y exterior y para vertebrar "esa España abandonada por los sucesivos gobiernos", además del fomento del turismo rural.
En materia energética, el PSOE, que mantendrá a Teresa Ribera al frente de la política medioambiental, ha adelantado que trabajará en una ley que involucre a los vecinos en la elección de las localizaciones de parques fotovoltaicos y eólicos, y les permita la copropiedad del 10 % de los beneficios que generen.
Su programa plantea reforzar los bonos sociales térmico y eléctrico, y crear la figura del "consumidor electrodependiente" para mejorar el acceso a la energía en igualdad de condiciones.
El PP creará un Bono Social Único (BSU), con un pago directo al consumidor, que no exigirá tener la tarifa regulada, como ahora; evitará las medidas excepcionales de intervención del mercado mayorista eléctrico y eliminará las existentes y propondrá la extensión de la vida útil de las centrales nucleares en el marco de la normativa europea.
Sumar habla de reformar el bono social eléctrico para que sea automático e impedir los cortes de suministros a personas vulnerables; establecer una tarifa social que asegure el acceso a un consumo mínimo vital de agua y energía; reformar del mercado eléctrico marginalista para eliminarlo a medio plazo, y revisar la hoja de ruta del hidrógeno renovable, "evitando procesos especulativos como el H2Med".
VOX defiende la supresión de los impuestos sobre la factura de la luz; la modificación del mecanismo marginalista de fijación del precio de la luz; la supresión del mercado de emisiones de CO2 y del mecanismo de asignación de los derechos a través de subasta; el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares, y la derogación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.