La secretaria general del Parlament, Esther Andreu, ha anunciado su dimisión a raíz de la polémica desatada después de que no comunicara a la Mesa del Parlament que su hijo había participado en un proceso de selección de personal interno y había ganado una plaza interina de ujier.

Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que Andreu ha anunciado verbalmente su dimisión durante la reunión de la Mesa de este martes, después de que este organismo acordara solicitar un informe jurídico externo a la Oficina Antifraude de Cataluña para que este acreditara la pulcritud del proceso.

Esas mismas fuentes indican que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha puntualizado en la posterior reunión de la Junta de Portavoces que en los próximos días decidirá si acepta o no la renuncia de la secretaria general.

A principios de mayo, la Mesa del Parlament formalizó la concesión de una plaza interina de ujier a Jan Forner sin saber que se trataba del hijo de la secretaria general, dado que esta no había informado en ningún momento del proceso de selección de la relación filial que le unía a uno de los aspirantes a un puesto de trabajo en la administración que dirigía.

Tras conocer la relación parental, tanto Borràs como el resto de grupos de la cámara catalana exigieron explicaciones a Andreu, que se defendió diciendo que no había considerado "pertinente" informar porque no había participado en la evaluación de los candidatos.

Los representantes de la Mesa de PSC-Units, ERC y CUP cuestionaron este argumento y reclamaron un informe jurídico externo sobre el proceso al constatar ciertas lagunas formales en el mismo, como la ausencia de una abstención formal -Andreu dijo que se inhibió verbalmente-.

Durante varias semanas Borràs se opuso a la solicitud de una auditoría externa aduciendo que supondría una "desautorización" a los letrados de la cámara.

En paralelo a este debate, la secretaria general entregó la semana pasada un informe, encargado por ella misma a uno de los letrados del Parlament, que concluía que el proceso de selección se ha desarrollado "sin vicios o defectos invalidantes", pese a que "se han dictado actos, de trámite, no previstos en las bases, pero justificados y razonables".

En ese momento, los representantes de la Mesa de PSC, ERC y CUP cuestionaron que fuera un subordinado de Andreu quien analizara su actuación, unas dudas que suscribió el letrado mayor del Parlament que recordó que la ley dice que se deberán abstener de cualquier acto administrativo aquellas personas que tengan "relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto".

Esa misma ley, la 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, es la que establece en su artículo 23 que las autoridades y el personal al servicio de las administraciones "se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato" cuando haya "parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado" con alguno de los interesados.

Finalmente, una mayoría de la Mesa ha forzado el encargo de un informe externo, lo que ha irritado a Andreu, que ha reaccionado anunciando su dimisión.