El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó ayer que, tras aprobarse los segundos presupuestos consecutivos y otros acuerdos como la reforma laboral, su Ejecutivo es el garante de la estabilidad política y él garantiza que la legislatura durará cuatro años.

En su comparecencia en el Palacio de la Moncloa para hacer balance político y económico del año y de las perspectivas para la segunda parte de su mandato, Sánchez defendió una reforma laboral sin cambios en el Parlamento y reconoció que es “altamente improbable” que pueda llegarse a un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El jefe del Ejecutivo presentó el informe “Cumpliendo”, que recoge que de los 1.481 compromisos asumidos por el Gobierno desde su investidura, ya ha cumplido el 42,7%. Un dato que le llevó a asegurar que ha cumplido esas promesas durante los dos años “difíciles, complejos e intensos” que ha vivido España, principalmente por la pandemia de coronavirus y por la necesidad de hacerle frente e impulsar a la vez una agenda reformista.

Medidas

Agenda de la que destacó medidas como la reforma laboral, la educativa, la del sistema público de pensiones y las que pretenden hacer frente al cambio climático.

Elogió asimismo el “sentido de Estado” de los agentes sociales al haber pactado algunas de esas reformas, como la laboral, un ejemplo que dijo que debería llevar a la reflexión a los líderes políticos para hacer del debate un espacio para el acuerdo y el encuentro y en el que las discrepancias se expresen con respeto al adversario y “buena educación”. Destacó igualmente el significado que tiene la aprobación de los presupuestos por segundo año consecutivo y consideró que, junto a otros acuerdos entre partidos y agentes sociales, aportan “la estabilidad que demanda España tras años muy convulsos en lo político”.

“El Gobierno garantiza estabilidad política, y eso significa legislaturas de cuatro años, y yo garantizo su cumplimiento, y unos presupuestos aprobados en tiempo y forma”, ha recalcado.

No aclaró si el Ejecutivo tiene intención de que la reforma laboral no se tramite como proyecto de ley en el Congreso (lo que permitiría que se introdujeran cambios en el acuerdo alcanzado con los agentes sociales) pero consideró que es “de sentido común” aprobar el texto secundado por empresarios y sindicatos.

Es decir, ratificó la intención expresada por la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, de que no haya cambios en ese acuerdo (en contra de lo que piden algunos socios del Gobierno entre socialistas y Podemos) y de que, por tanto, el Parlamento convalide la reforma sin alterar su contenido.