Eurodiputados del Partido Popular y de Vox afearon este miércoles a la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, el denominado caso Koldo, en el que se investigan actividades cuyo desarrollo tuvieron lugar mientras ella estaba al frente del Ministerio de Asuntos Económicos en España.
"¿Tendrá usted más cuidado vigilando el uso de fondos europeos evitando así casos de corrupción como el de las mascarillas que ha estallado en España?", preguntó la eurodiputada del PP Ana Collado en un debate dedicado al informe anual de la Eurocámara sobre las actividades del BEI.

La 'popular' también se preguntó si los eurodiputados deben "fiarse más de su capacidad (de Calviño) ahora al frente del BEI que la que tuvo gestionando los fondos (europeos) en el ministerio", una crítica similar a la que lanzó más tarde su compañera de partido Isabel Benjumea.

También intervino en el debate el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, quien resaltó que la "presunta pero enorme trama de contratos públicos" para la compra de mascarillas ocurrió cuando Calviño era ministra en España: "Algo nos podrá decir", enfatizó.

La presidenta del BEI tomó la palabra para cerrar el debate, pero no hizo ninguna mención a las acusaciones relacionadas con el caso Koldo lanzadas anteriormente por los representantes del PP y de Vox.
La semana pasada, cuando fue preguntada por esta trama en el marco de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE en Gante, Calviño eludió comentar cuestiones de política nacional.
Por otro lado, la Comisión Europea ha informado de que está en contacto con las autoridades españolas para "determinar si hay fondos europeos" involucrados en el caso y ha remitido información sobre la materia a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

La OLAF no ha respondido aún a las preguntas de EFE al respecto y la Fiscalía Europea ha señalado que no comenta "investigaciones en curso ni tampoco confirma públicamente en qué casos está trabajando".
No obstante, la Fiscalía Europea ha recordado que tiene la obligación de "comprobar cualquier indicio del que eventualmente pueda resultar que los hechos investigados" queden bajo el "ámbito competencial" de su departamento.