12º-16º
jueves | 13 febrero | 2025
Tras la tensa rueda de prensa celebrada después del Consejo de Ministros, el Gobierno se ha esforzado este miércoles en poner en valor la salud de la coalición pese a las discrepancias. Moncloa afirma que no tiene intención de rectificar la decisión sobre la tributación del salario mínimo y se prepara para hacer pedagogía y aguantar el chaparrón.
Por el momento, y a pesar de la oposición de sus socios de izquierda y del PP, gana el pulso dentro del gabinete la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la gran ausente ayer y también hoy, tras caer enferma y cancelar toda su agenda.
Un día después de su enfrentamiento en Moncloa, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, han acudido a la sesión de control del Congreso y han coincidido en los pasillos de la cámara en que lo importante es la subida histórica del salario mínimo interprofesional (SMI).
Díaz, que vio ayer como el incremento del salario mínimo quedaba opacado por la noticia de que comenzará a tributar en el IRPF, ha ocupado el sillón de Montero en el hemiciclo del Congreso junto al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y entre ellos solo ha habido sonrisas.
Rodeados de fotógrafos, han charlado como si no hubiera cámaras, como si ayer no hubiera sucedido nada en el Palacio de la Moncloa, y han comentado el libro que Díaz llevaba casualmente en la mano, 'La utopía de las normas. De la tecnología, la estupidez y los secretos placeres de la burocracia', de David Graeber.
Tres preguntas tenía Sánchez en la sesión de control al Gobierno y en las tres le ha aplaudido Díaz.
El presidente ha abandonado rápido el Congreso y ha sido claro cuando le han preguntado por la posible existencia de una crisis en la coalición: "En absoluto".
Díaz tampoco habla de crisis, saca pecho del trabajo realizado por su departamento, responsable de la subida del SMI, y asegura que respeta las competencias ajenas.
Pero su entorno no oculta tampoco que nunca había vivido una situación semejante a la de ayer, cuando vio que Hacienda hacía pública la tributación del salario mínimo poco antes de la rueda de prensa en la que se iba a presentar el nuevo incremento de 50 euros.
Las discrepancias entre Trabajo y Hacienda eran públicas y conocidas y en Moncloa insisten en que no se puede estar de acuerdo en todo, pero pocos entienden el momento elegido para anunciar la decisión.
Los socialistas son consciente de que la decisión no gusta a muchos de sus aliados de investidura y que acaban de dar un arma dialéctica al PP, que no ha tardado en atacar al Ejecutivo intentando hacer olvidar las críticas de este por su cambio de voto en la revalorizacion de las pensiones.
En el pleno, Sánchez ha defendido el incremento del salario mínimo sin entrar en la polémica con Sumar sobre su tributación, pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no ha respaldado públicamente una subida no pactada con la patronal, ha cargado contra los socialistas: quedarse con la mitad de esa subida "ni es progresista ni es justicia social". Para los populares, todo es un "paripé".
En el PSOE, mientras tanto, se conjuran para defender lo que consideran básico: el salario mínimo se situará este año en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas cuando el PP lo dejó en 2018 en 735 euros.
Para los socialistas, ser progresistas es defender la progresividad fiscal, que cada uno aporte en la medida de sus capacidades, y, alcanzados los 1.184 euros, es el momento de que tribute.
Admiten sin embargo que el debate sobre los impuestos es "peligroso para la izquierda"; le encanta a la derecha y, al simplificarlo, deriva en el "cuñadismo fiscal".
Moncloa mantiene su discurso y evita hablar de las proposiciones de ley que ayer registraron, cada uno por su lado, el PP, Sumar y Podemos para mantener el SMI exento de tributación.
El Gobierno podría vetar las iniciativas en virtud del artículo 134.6 de la Constitución, que dice que toda iniciativa que suponga aumento de gasto o disminución de ingresos requerirá su confirmación para ser tramitada, pero nadie quiere hablar de ello todavía.
Fuentes parlamentarias explican que si el PP y Sumar unieran sus votos en la Mesa del Congreso podrían levantar ese veto, pero el partido minoritario de la coalición sigue apostando por la negociación.
Para el entorno de Díaz, cuando alguien llega al veto, es que ha perdido.
Y mientras el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha reconocido que los choques "nunca son agradables", su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, les lanzaba un mensaje : "Yo le pido al PSOE que deje de cagarla".
