El gobierno local de Ferrol ha adjudicado a la empresa Sonen la actualización de la ordenanza municipal sobre contaminación acústica. Tal y como recoge el apartado de contratos menores de la web oficial del Concello, la oferta de la compañía, de 14.070 euros –17.024 con impuestos–, fue la mejor puntuada de las tres presentadas.

“A actualización da ordenanza é unha medida urxente, e moi necesaria, para o noso municipio”, apuntó ayer el concejal de Medio Ambiente, José Tomé, afirmando que el Consistorio está trabajando “coa previsión de poder sacala adiante antes de que acabe o ano”. En este sentido, desde el gobierno local se apuntó que se está trabajando sobre un borrador de normativa “que non se chegou a tramitar nin aprobar”, previsiblemente el encargado durante el anterior mandato y que fue presentado ante los grupos de la oposición en septiembre de 2022.

Así, el Concello considera que el texto debe ser revisado y técnicamente adaptado de cara a lograr su aprobación en el período de tiempo más corto posible. “Tan pronto como teñamos nas nosas mans o borrador, trasladarémosllo aos grupos políticos municipais e aos diferentes colectivos locais implicados” de cara, aseveró Tomé, a sacar adelante “un documento consensuado entre todos”.

De este modo, el Consistorio incidió en la importancia de aprobar la nueva normativa, dado que la autonómica –el Decreto 106/2015– establece “un marco común” para toda la Comunidad que luego los ejecutivos locales deben “matizar e adaptar ás súas características”. Así, entre otras medidas, la nueva ordenanza permitirá definir “a zonificación acústica”, incluidas aquellas que entran en la categoría de saturadas” –como A Magdalena entre los años 2001 y 2004–, que contarán con sus planes específicos. De igual forma, el documento también permitirá la elaboración de “mapas de ruido”, esencial para el desarrollo de planes de acción y “medidas correctoras”.

Cabe recordar que la anterior normativa ferrolana data del año 1998 y fue actualizada en dos ocasiones hasta que en el año 2012, durante el primer mandato de José Manuel Rey, se derogó al considerarse que la estatal era más restrictiva y adecuada. Asimismo, durante el gobierno de Jorge Suárez (FeC), en el año 2018, se trató de impulsar otra ordenanza, encargada a la empresa Eira por 2.350 euros, que finalmente no salió adelante.