La ampliación de la concesión de la AP-9 hasta 2048 en el año 2000 y la transferencia de la titularidad de esta vía a la Xunta de Galicia son dos temas que, pese a gozar de un relativo consenso, siguen levantando ampollas en el sector político nacional. Sin embargo, un asunto en el no ha habido una oposición notable ha sido el fin de la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles, del 95%, del que gozaba Audasa, concesionaria de la gestión de esta vía, sobre la infraestructura en los municipios por los que discurre.
Y es que, con el inicio del desarrollo de la autopista en 1973, el entonces gobierno franquista otorgó a la que fue empresa pública hasta 2003 una serie de beneficios fiscales. Todos ellos fueron prorrogados junto a la concesión del vial salvo el mencionado, que la extensión del período de explotación hasta 2048 excluía explícitamente, finalizando de forma efectiva en 2023.
En este contexto, a partir del presente ejercicio los diferentes municipios verán incrementada exponencialmente su recaudación por parte de Audasa. En el caso de Ferrol, como explicó ayer la concejala responsable del área de Facenda, Susana Sanjurjo, los ingresos se multiplicarían por 23 –en términos porcentuales aumentarían un 2.287,5%–, pasando de 2.000 euros anuales a 47.751.
En este sentido, la edila ferrolana incidió en la importancia de “revisar siempre estos conceptos”, especialmente “las tarifas aplicadas a las grandes empresas para que contribuyan con la recaudación que necesita Ferrol para hacer posibles los proyectos e inversiones que precisa”. “No queremos aumentar los impuestos a los ferrolanos y ferrolanas, por eso tenemos que trabajar en buscar alternativas de recaudación para poder conseguir los fondos necesarios”, sentenció Sanjurjo.
En comparación con el resto de las grandes ciudades que se beneficiarán del fin de esta bonificación, Ferrol será la segunda que menos cuantía percibirá –solo supera a A Coruña, que pasará de 1.312 euros a poco más de 26.000–. Hay que tener en cuenta, no obstante, que dichas cuantías se determinan en función de la superficie ocupada. En el caso de la ciudad naval, pese a que se suele mencionar un tramo de poco más de nueve kilómetros, la cifra real estaría más próxima a los 2,15, teniendo en cuenta que la AP-9 en sí comienza en la rotonda elevada que une las calles Siro y Loureiro, en Santa Mariña –a partir de ahí hasta el puerto es la FE-15– y que después del puente de la avenida de Santa Icía pertenece al término municipal de Narón.
Respecto al resto de grandes ciudades, Pontevedra pasará de percibir 15.740 euros a casi 315.000; Vigo de 18.000 a 383.000; y Santiago, al contar con la mayor superficie ocupada por el vial, de 35.000 a 665.000 euros.
El resto de municipios del área de Ferrolterra que se beneficiarán del fin de esta bonificación serán Narón, Fene, Neda, Cabanas y Pontedeume, pero en estos casos de la recaudación del IBI se encarga la Diputación de A Coruña –el primero de ellos tiene cedida parte de la cobranza de estos impuestos–.
Así, desde el organismo provincial se señaló que, por el momento, no está lista la liquidación de cada término municipal, pero que se espera finalizar este trámite el 1 de septiembre. Asimismo, el ente que preside Valentín González recordó que, de los 21 concellos por los que discurre la AP-9, tan solo tres –Ferrol, Santiago y A Coruña– asumen la recaudación. En cualquier caso, la cifra general de la provincia pasaría de 189.206 euros a unos 3,8 millones, que, según asegura el organismo, se recaudarán en su totalidad.
Cabe recordar, no obstante, que existe la posibilidad de que la concesionaria de la gestión de la autopista, Audasa, intente recurrir el fin de esta bonificación para paralizar o al menos retrasar el pago de este millonario incremento. Para prepararse ante esta eventualidad, regidores y representantes de 22 de los municipios afectados, incluido Ferrol, mantuvieron un encuentro el pasado mes de enero para perfilar una estrategia conjunta, que pasaría por una respuesta judicial unitaria.
Asimismo, mientras algunos municipios ya han presentado sus respectivas facturas a la empresa –como es el caso de Santiago–, otros apuntaron que será necesaria una futura revisión del catastro municipal para ajustar las cuentas, lo que podría incentivar a la compañía a tomar acciones legales, aun cuando su cuenta de beneficios seguiría con resultados récord.
Por otra parte, en lo que respecta a la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la Comunidad Autónoma, el último paso dado hacia su consecución fue la aprobación el pasado mes de junio en el Congreso de una iniciativa del BNG para acelerar el proceso.
La propuesta, que salió adelante con los votos a favor de todos los grupos menos PSOE, Junts y PNV, que se abstuvieron, y VOX, que se opuso, busca instar al Gobierno a realizar un nuevo estudio sobre los costes del rescate de la autopista. Anteriormente, el ejecutivo central lo había cuantificado en 4.000 millones, una cifra que el BNG considera muy alejada de la realidad.