Los juzgados gallegos recibieron durante el 2021 un total de 78 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, lo que supone un descenso de un 17% respecto al año anterior, cuando se registraron 94, hasta los 78.

Así figura en el estudio “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, hecho público ayer por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En total, en Galicia se registraron, por cada 100.000 habitantes, 2,9 verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda, una tasa que es la tercera más baja del Estado, por detrás de Navarra (1,8) y Asturias (1,9).

Por otra parte, las demandas de ejecuciones hipotecarias presentadas en Galicia se incrementaron en los dos últimos años, pues en 2020 se registraron 772 y en 2021, 893, lo que supone una subida interanual de un 15,7%.

En 2019 se había registrado la cifra más baja de los últimos catorce años (758), de modo que si la comparación se hace con ese año, previo a la pandemia, el aumento es del 17,8%.

En el conjunto del Estado, en 2021 incrementaron un 36,2%, pero disminuyeron un 28,8% con respecto a 2019, según el citado informe.

El año pasado los juzgados especializados en cláusulas suelo ingresaron 6.607 asuntos (un 90,5% más) y dictaron, en estos procedimientos, 6.970 sentencias, un 83% más que el año anterior, afectado por la pandemia.

Los datos también reflejan un incremento de un 19,2% en el número de lanzamientos practicados por los juzgados gallegos en 2021, al pasar de 1.398, en 2020, a 1.667 lanzamientos, en 2021. En 2019, sin embargo, se contabilizaron 2.271, es decir, un 26,6% más que el año pasado.

De los 1.667 practicados, 1.294 (el 77,6%) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler. Otros 336 correspondieron a ejecuciones hipotecarias; y, los 37 restantes, derivaron de otras causas, según el informe.

En el conjunto del Estado aumentaron un 40,6% respecto al año anterior. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de estas, no solo a vivienda habitual.

El estudio refleja que el número de procedimientos monitorios presentados en 2021 en los juzgados de primera instancia e instrucción se mantiene.

En Galicia se presentaron 40.142, frente a los 40.267 del año anterior. Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.