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sábado | 5 abril | 2025
La Xunta de Galicia ha afirmado que "reconoce la trayectoria de Sargadelos como referente industrial y cultural y confía en que, con el esfuerzo de todas las partes, se encuentren vías que permitan su continuidad, garantizando el mantenimiento de los puestos de trabajo, el cumplimiento de la legislación vigente y la conservación y promoción del patrimonio cultural".
"La Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúa para garantizar el cumplimiento de las medidas de riesgos laborales, que son un deber para todos los centros de trabajo. El expediente mencionado por la propiedad de la empresa se encuentra en una fase inicial, aún no es firme e implicaría una posible sanción de 5.000 euros además de la corrección de determinados defectos. Ninguna de estas medidas abocan al cierre de la planta", explican.
Por otro lado, reconocen que "el cumplimiento de la legislación de seguridad laboral no es una traba para la actividad de una empresa, sino una garantía para que esta pueda desempeñarse en un entorno seguro e idóneo para la salud de los trabajadores, en este caso y en cualquier otro".
"El Gobierno gallego entiende que la adaptación a determinados requisitos puede suponer un reto, especialmente en instalaciones de alto valor patrimonial como las de Sargadelos en el ayuntamiento de Cervo, que son Bien de Interés Cultural desde 2014. Por eso reafirma la disposición para colaborar y asesorar en la búsqueda de soluciones que permitan mantener y seguir impulsando la actividad industrial dentro del cumplimiento de la normativa", finalizan.
La secretaria de Organización, Lara Méndez, ha asegurado que los socialistas gallegos ven "con mucha preocupación" la noticia del anuncio del cierre de Sargadelos.
Así, ha avanzado que el PSdeG ya ha presentado una batería de iniciativas para preguntar a la Xunta sobre la situación, "qué ha ocurrido y qué tiene pensado hacer para evitar este cierre".
Para la socialista, Sargadelos no es "una empresa al uso", sino que se trata de "una sella de identidad" de la cultura gallega. Por eso, ha señalado que ve esta situación "con preocupación", de ahí, ha añadido, "la premura de presentar una batería de iniciativas".
Además, ha asegurado que seguirán "de cerca este tema", tanto por los trabajadores como por ser "seña de identidad que identifica a la cultura gallega, a Galicia y, por lo tanto, a todos los gallegos y gallegas".
La UGT ha instado a la Xunta de Galicia a que, “como administración que tiene las competencias en política industrial”, se implique en la situación que ha generado el anuncio de cierre de la fábrica de Sargadelos en Cervo, porque si realmente esto sucede significaría “la pérdida de muchos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, un duro golpe para A Mariña”.
También, recuerda el sindicato en un comunicado, la “pérdida de una de las empresas más emblemáticas de Galicia, con una vertiente cultural también muy importante, arropada en su momento por la figura del propio Isaac Díaz Pardo”.
En todo caso, UGT-Galicia “espera que este anuncio sea solo una bravuconada más del administrador”, Segismundo García, “a las que, desgraciadamente, ya nos tiene acostumbrados”, al igual que “a la propia judicatura, que ya se vio obligada a emitir sentencias” en su “contra”.
Según el sindicato, “ahora le toca padecer a la Inspección de Trabajo” la forma de actuar del empresario, tan sólo por cumplir con sus deberes, que son velar por la protección de los derechos, de la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras.
De hecho, tras tener noticia del anuncio a la plantilla de la fábrica de Sargadelos -en el municipio lucense de Cervo- del cierre de las instalaciones, UGT asegura que “observa esto sin sorpresa alguna, ya que en el 2018 advirtió de la nefasta gestión” de la actual dirección, por su particular toma de decisiones y manera de hacer las cosas.
Recuerda, en ese sentido, que en 2018, tuvo que poner en marcha una campaña contra la persecución sindical en Sargadelos, que culminó con una gran manifestación el 23 de noviembre, desde Cervo hasta la fábrica.
“Hoy la realidad nos da la razón, el administrador anuncia el cierre amparándose en que la Inspección le impone una multa y le requiere la corrección de una serie de defectos que registra la factoría”, lamenta.
Por ello, también “le recuerda que la ley está ahí para cumplirla y que resulta despreciable anteponer supuestos intereses empresariales por encima de los derechos laborales y la propia salud y seguridad de los 200 trabajadores y trabajadoras con los que cuenta la factoría”.
