Es urgente, muy urgente, dar una salida a la situación límite de Canarias y Ceuta que afecta a miles de menores no acompañados que, al igual que sus mayores, se lanzan al mar con el propósito de llegar a tierra española. No puede ser que estos menores vivan hacinados y en condiciones que ninguno desearía ni para sí mismo y, mucho menos, para sus hijos.

Es urgente dar solución a esta realidad que, si bien es competencia de las comunidades autónomas, estos menores son la parte más débil de un fenómeno mucho más amplio y complejo como es el migratorio, fenómeno que en su globalidad es competencia del Gobierno central.

El fenómeno es excepcionalmente complejo y va más allá de los discursos humanitarios en los que todos, o al menos una inmensa mayoría de ciudadanos, compartimos y como este fenómeno supera el discurso humanitario y el más bárbaro, parece de sentido común que se haga lo imposible por llegar a un acuerdo de Estado que de garantías de que la política migratoria no se va a modificar según el Gobierno de turno y que si hay que modificarlo se modifique también bajo la lupa del acuerdo de Estado.

Este acuerdo de Estado solo es posible, solo es cierto, si se produce entre los dos grandes partidos. Hasta el momento, el PP, en más de una ocasión, lanza mensajes desconcertantes y poco o nada acertados y, hasta el momento, el Gobierno se embosca en su discurso contra el PP faltando muy poco para que acuse a Feijoo de querer gasear a los que quieren alcanzar nuestras costas. Se da la circunstancia llamativa que, cuando se habla con unos y otros fuera de micrófono, las posiciones no están muy alejadas, más bien al contrario, lo que lleva a pensar que ese acuerdo de Estado es más que factible, máxime cuando el Presidente del Gobierno ha hablado de “retorno” que es un término menos agresivo que el de “devolución”, sin obviar que los contratos en origen es algo establecido en España desde hace muchos años.

El Presidente del Gobierno parece, o eso trata de transmitir, muchas certezas, pero si alguna tiene clara, aunque nunca la reconozca, es que si llama a Feijoo, Feijoo acudirá a la cita. También podría hablar con el PNV o con ERC para que den un paso al frente y digan que sí, que sus respectivas autonomías están dispuestas como el que más a acoger menores. Estaría bien que esto mismo se escuchara desde Castilla La Mancha o desde Asturias. Estaría muy bien que, allí donde puedan, los socialistas den un paso al frente a favor de la acogida. De momento no ha ocurrido.

Volviendo al pacto de Estado, es como clamar en el desierto. Sánchez no va a llamar a Feijoo, no va a propiciar pacto de Estado alguno y España, para su presente y para su futuro necesita, se merece ese punto de estabilidad que daría el acuerdo, y no solo en política migratoria, entre los dos grandes partidos. Los dos únicos que pueden gobernar España. Los demás, en lo que a alcanzar La Moncloa se refiere, son acompañantes, sin duda legítimos, pero sin la fuerza suficiente para abordar cuestiones como la financiación autonómica y, sin duda, la política migratoria.

Dirán, y no sin razón, que no existe el clima propicio para ese acuerdo pero es responsabilidad de Sánchez y de Feijoo, cada uno desde su posición, sobreponerse a sus inquinas personales y es imprescindible que el Presidente del Gobierno caiga en la cuenta de que, sin el concurso del PP, algunas cuestiones centrales del Estado se quedarán en papel mojado. Insisto en el Presidente porque es el principal responsable de la política española, el que tiene el poder real y efectivo para abordar no solo lo urgente, sino lo importante.