La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid María Teresa Gómez-Limón Amador viajaba el día 24 de julio en el Alvia de Renfe que se accidentó en la curva de Angrois, cerca de Santiago. Se dirigía a Ferrol, de donde es natural su marido, Rafael Taibo, para pasar unas vacaciones con la familia y en el siniestro resultó con graves lesiones, de las que todavía se está recuperando en su domicilio madrileño.
María Teresa, que es psicológo forense en un juzgado de Madrid, se fracturó un pie, el esternón y la segunda vértebra cervical, por lo que tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica para implantarle un hueso de la cadera y estuvo hospitalizada 16 días. Sin embargo, asegura que, siendo graves, las lesiones físicas son las que menos le preocupan, pero que psicológicamente está “muy tocada”. “Aquel horror no se me va de la cabeza; estoy muy decaída y cuando me animo un poco me siento muy indignada”, manifestó ayer en declaraciones a este periódico.
“No me creo que el error fuese solo del conductor, que no me cuenten historias”, dijo, añadiendo que no es lógico que en un tren de alta velocidad vaya un único maquinista en la cabina, porque “¿y si tiene un ictus o un ataque de locura, que pasaría entonces?”, apostilló.
Desde su punto de vista, resulta ilógico que un recorrido de alta velocidad se ponga en marcha sin todos los mecanismos necesarios para evitar catástrofes como la que ella, y todos los que viajaban en ese Alvia, vivieron el pasado 24 de julio en la entrada de Santiago. “Y al cabo de tres días ponen el sistema que tendrían que haber puesto antes”, apuntó, añadiendo: “Me parecen unos terroristas”. Se refería a los presidentes de Renfe y Adif, “que ganan sueldazos por tener grandes responsabilidades, que después no se les exigen”, y a los sucesivos ministros. Citó concretamente al socialista Xosé Blanco, “que se apresuró a cortar la cinta antes de las elecciones”, y a Ana Pastor, “que no se preocupó de ver si la alta velocidad estaba preparada”.
La indignación que dice sentir Gómez-Limón Amador la ha llevado a mostrarse dispuesta a personarse como acusación particular por la vía civil y penal en las diligencias judiciales, “porque me han destrozado la vida y hay otras 79 personas que ya no pueden protestar”.

viaje
María Teresa estaba de vacaciones en Ferrol con su familia y la víspera del accidente tuvo que viajar a Madrid para asistir a una sesión plenaria. Regresaba en el tren siniestrado en Angrois y, a pesar de las graves lesiones sufridas, pudo comunicarse con su  familia para decirles que estaba viva.
A partir de ahí, según comenta su hijo, Víctor Taibo, comenzó el desconcierto para ellos, porque no sabían a dónde había sido trasladada. “Cuando mi madre me llamó casi no podía hablar y la situación fue lamentable, porque no estaba en las listas y tuvimos que buscarla por los hospitales”, apuntó.
Víctor Taibo califica la experiencia de “total abandono por parte de las administraciones y de Renfe”. Asegura que muchas de las cosas que tanto la Xunta como el Ministerio de Fomento hicieron llegar a la ciudadanía “no son reales”. Así, señala que el mismo día del accidente se anunció la puesta en funcionamiento de un teléfono para localizar a las víctimas, pero ocurrió que comunicaba todo el tiempo, por lo que denuncia la “incapacidad de la Xunta” para disponer del personal necesario que pudiera atender las llamadas de los familiares.
“Tuve que buscarme la vida yo solo, porque mi padre es mayor, tiene 78 años y estaba muy preocupado, para localizar a mi madre”, apunta Víctor Taibo, que también critica el hecho de que Renfe, ni la primera semana ni las siguientes, hubiese habilitado un centro de coordinación para resolver cuestiones relacionadas con los equipajes o los seguros.
“Lo lógico es que Renfe, la Xunta y el Ministerio de Fomento hubiesen puesto en servicio una oficina para atender a la gente. Al menos yo no conseguí dar con ninguna”, apunta el hijo de María Teresa Gómez-Limón.
A su modo de ver, se están inventando cosas para intentar quedar bien, como el hecho de que se anunciase una oficina para las víctimas en el Juzgado número 3 de Santiago, “ y cuando yo acudí allí me dijeron que era un proyecto”.

seguro
En cuanto al seguro obligatorio de viajeros, Víctor Taibo manifiesta que se rige por un reglamento del año 1989, por lo que está totalmente obsoleto.
A modo de ejemplo, comenta que asegura la manutención y el alojamiento de dos familiares de la persona hospitalizada durante diez días, con un máximo de 180 euros, con el agravante de que en el caso de las comidas hay que guardar las facturas para que después las abone el seguro. “Nosotros lo superamos, porque mi madre estuvo 16 días en el hospital y en nuestro caso tenemos recursos económicos, pero hay gente que no los tiene”.
Desde su punto de vista, de nada sirve que después la compañía aseguradora hubiese subsanado la situación ampliando la cobertura, cuando hay personas, como es el caso de una mujer que estaba hospitalizada en la misma habitación que su madre, que tiene por lo menos para cinco meses, ya que las lesiones le afectaron a la médula.
“Es un absurdo que las aseguradoras se rijan por un decreto de 1989 y, en todo caso, si no cubren todos los gastos, que sea la Administración la que se haga cargo de la situación, sobre todo en los casos de familias que no tengan recursos”, señala.

desamparo
El hijo de María Teresa sostiene que las víctimas del trágico accidente se encuentran en una situación de desamparo. Refiere que su madre tiene que acudir con frecuencia al hospital para comprobar la evolución de sus lesiones y que necesita desplaszarse en un taxi o una ambulancia, porque tiene que moverse en una silla de ruedas. Pues bien, hace unos días la aseguradora de Renfe les comunicó que ya se habían pagado muchos gastos, por lo que, a partir de ahora, les piden que paguen ellos el taxi y que después les reembolsarán el dinero.
Por otra parte, manifestó que un responsable de Renfe se había personado en el hospital en el que estaba su madre con un escrito en el que se informaba de la apertura de una oficina en Madrid para las víctimas, cuando, a su modo de ver, lo lógico sería que se ubicase en Santiago, que era donde estaban los afectados. De todos modos, como quiera que ellos viven en Madrid, sí acudió a esa supuesta oficina, que está situada en los servicios centrales de Renfe en Atocha y consiste en un local con dos ordenadores. En su opinión, lo que cumpliría, en todo caso, sería crear una oficina centralizada de ayuda y asesoramiento.
Otra de las cuestiones que, desde su punto de vista de afectado, las administraciones públicas –leáse Xunta y Ministerio de Fomento– tendrían que afrontrar es la creación de un servicio jurídico, junto con Renfe y Adif.