El conflicto suscitado con el edificio O Penso de Cabanas, en que el Concello tiene que proceder al derribo de dos plantas ilegales en cumplimiento de una sentencia judicial, sigue complicándose cada día más. Los propietarios de las viviendas hicieron valer ayer nuevamente su posición de fuerza, bloqueando el portal de acceso al inmueble e impidiendo, de este modo, que los operarios encargados del cambio del ascensor pudiesen llevar a cabo su cometido.
La postura de los vecinos se fundamenta en que, antes de derribar las cuatro viviendas afectadas en esta primera fase –hay una segunda, en la que tendrán que desaparecer otros cuatro domicilios–, resulta necesario fijar las indemnizaciones para los perjudicados y establecer medidas de seguridad para los que tendrán que convivir con las obras de demolición.
El Concello de Cabanas, por su parte, está obligado a cumplir la sentencia lo antes posible, a fin de evitar multas coercitivas. A este respecto, cabe reseñar que el alcalde, Germán Castrillón, está imputado por un presunto delito de desobediencia por no haber ejecutado ya el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Mientras tanto, la Guardia Civil permanece en medio, atendiendo las órdenes dadas por la Subdelegación del Gobierno a través del regidor cabanés de apoyo a los operarios que tienen que realizar las obras y, por otra parte, recogiendo las denuncias de los propietarios que consideran vulnerados sus derechos por el acceso de los trabajadores a su edificio sin una orden judicial y utilizando una llave que ellos no les facilitaron.
Después de que el pasado lunes personal de la empresa Prace, adjudicataria de las obras, lograse entrar y cambiar las cerraduras de dos de las viviendas, ayer tentaron suerte los operarios de la firma encargada de sustituir el ascensor –primer paso de la demolición–, pero no tuvieron éxito. Una llave desde el interior les impidió la apertura del portal, por lo que la Guardia Civil levantó acta de lo ocurrido e identificó a los allí presentes, con la intención de remitir un informe al juzgado.
Los vecinos también requirieron la presencia de los miembros de la Benemérita, ante la que denunciaron un presunto delito de allanamiento de morada.
El Concello respalda sus pretensiones en una providencia del TSXG en la que se indica que, al tratarse de la ejecución de una sentencia, no se requiere una autorización judicial de entrada para llevar a cabo las actuaciones tendentes al cumplimiento de dicho fallo.