La comisión del Congreso que investiga el accidente en 2008 del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Madrid Barajas, en el que murieron 154 personas y 18 resultados heridas, prevé finalizar el próximo mes de abril los trabajos que arrancó hace dos legislaturas y que se vieron interrumpidos por las sucesivas convocatorias electorales de 2019.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, en esta nueva etapa la comisión sólo recibirá a cuatro comparecientes y después comenzará a redactar sus conclusiones, conforme al acuerdo alcanzado este jueves en la mesa de este órgano, que será ratificado el próximo miércoles por el plenario de la comisión.

Concretamente, la Cámara prevé citar a la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Pilar Vera; a Francisco José Montiano, quien hasta diciembre de 2019 fue subdirector general de Asesoría Jurídica de Mapfre, empresa aseguradora de Spanair, y al abogado y familiar del piloto fallecido en el accidente del helicóptero en Torallola de provincia de Lleida en 2002, Plácido Sánchez.

El último en acudir a la comisión será el jefe de la Sección de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional y la Navegación Aérea (Usoap) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de la ONU, Nicolás Rallo. En el momento del accidente era oficial técnico de la OACI y responsable de la auditoría que realizó esta organización a España en julio de 2010 y que detectó deficiencias en la aviación civil española.

A partir de estas comparecencias, la previsión es retomar la elaboración de las conclusiones, y retomar el trabajo de la Comisión donde lo dejaron los grupos hace dos legislaturas, con vistas a poder concluir el dictamen en abril.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO
Para ello, la comisión tendrá que solicitar al Pleno del Congreso una prórroga en el plazo para poder llevar a cabo su investigación, ya que el plazo actual vence el 22 de marzo.

Hace dos legislaturas, esta comisión dejó a falta de rematar su dictamen de conclusiones, ya que la disolución anticipada de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones de 2019 impidió su aprobación tras haber celebrado más de 40 comparecencias.