La Fiscalía Anticorrupción acusa al que fuera vicepresidente económico, Rodrigo Rato, de once delitos contra la Hacienda Pública, así como de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental, y pide para él hasta 83 años de cárcel.

En una nota fechada este martes, Anticorrupción solicita penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública, seis años por el delito de blanqueo, cuatro por el delito de insolvencia punible, otros cuatro por el delito de corrupción en los negocios, y, finalmente, tres por el delito de falsedad documental.

Asimismo, pide las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la Administración tributaria por las cantidades defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados.

El pasado 1 de marzo, el titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid decidió procesar al exvicepresidente del Gobierno y a otras 16 personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal.

En su auto, el juez Antonio Serrano-Arnal daba por concluida la instrucción del caso, que desde 2015 investiga el origen del patrimonio del exministro.

En el comunicado conocido hoy, la Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, así como 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria.

A esta última cifra, señala Anticorrupción, habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros.

Anticorrupción sostiene que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades, con las que habría realizado inversiones en "multitud de cuentas bancarias" abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros.

La documentación obtenida en abril de 2015 tras al registro del domicilio de Rato y en otros lugares muestra que contaba también con cuentas en Estados Unidos y Suiza desconocidas para el Fisco español, y que ha operado a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao.

De este modo, prosigue Anticurrupción, Rato "se ha servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas".

Aunque Rato se acogió en noviembre de 2012 a una amnistía fiscal, omitió "cualquier referencia" a una serie de sociedades y declaró un patrimonio en el exterior de 115.333 euros, por el que abonó 11.533 euros a Hacienda.

Anticorrupción ve también "indicios racionales" de que Rato siendo Presidente de Caja Madrid-Bankia, cargo que ocupó entre enero de 2010 y mayo de 2012, cobró indebidamente comisiones procedentes de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con Publicis y Zenith, relativos a la fusión y salida a bolsa de la entidad.

Dichas comisiones, según la Fiscalía, se derivaron a diversas sociedades logrado "difuminar el origen del dinero". La causa abierta en el juzgado madrileño incluye a Rato y otras doce personas, además de a ambas agencias de publicidad en calidad de personas jurídicas.