El Parlamento gallego pide a la Xunta y al Gobierno considerar los muebles del pazo de Meirás como BIC

El Parlamento gallego pide a la Xunta y al Gobierno considerar los muebles del pazo de Meirás como BIC
Un vehículo cruza la carretera que recorre las inmediaciones del pazo de Meirás | quintana

Los tres grupos del Parlamento de Galicia, PPdeG, BNG y PSdeG, aprobaron por unanimidad una iniciativa en la que instan al Gobierno central y la Xunta a “impedir un nuevo saqueo” del Pazo de Meirás e incluir los bienes muebles en la protección como Bien de Interés Cultural (BIC).


En base a una proposición no de ley del BNG, transaccionada con el PPdeG, se pide la incoación “urgente” de la inclusión en el BIC de los bienes muebles para que se les aplique el régimen de protección previsto en esta figura y garantizar que los que ya están incluidos, como las estatuas del Mestre Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, “se mantengan en Galicia”.


También que se advierta a la familia Franco de la imposibilidad de sacar de Meirás “todos aquellos bienes que no sean los objetos y utensilios de uso estrictamente personal y privado”.


Además, solicitan al Estado las “acciones judiciales pertinentes” para defender la titularidad pública de los bienes que deben formar parte de este BIC porque “son parte integrante e inseparable del conjunto” y que la Xunta actúe como parte coadyuvante en todos los procesos.


Así, reclaman que ambas administraciones trabajen “conjuntamente” para garantizar la unidad e integridad de los bienes muebles “e impedir un nuevo saqueo de bienes que fueron resultado del expolio franquista”.


Carácter de urgencia

El diputado del BNG Luis Bará advirtió de que es “urgente que se actúe con agilidad y contundencia”, porque mañana se cumple el plazo para recurrir el mes establecido por la justicia para que la familia Franco puedan sacar los bienes del inmueble, y la Xunta “no puede ponerse de perfil” amparándose en la que la titularidad de Meirás es del Estado.


Bará considera que la inclusión de los muebles en el BIC es competencia de la Xunta y es algo que tendría una “aplicación inmediata” para poder proteger estos bienes.


A Coruña recurrirá la sentencia sobre los bienes del pazo

El Ayuntamiento de A Coruña recurrirá la diligencia del Juzgado de primera instancia 1 de A Coruña que concede un mes a los familiares del dictador Francisco Franco para retirar los bienes del pazo de Meirás, informado el Consistorio en un comunicado. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, expone la intención de colaborar con la Abogacía del Estado “en todo lo que haga falta y con la documentación pertinente que certifique que el patrimonio interior del pazo pertenece, igual que el edificio, a todas y todos los gallegos”. Son “joyas que les expoliaron al pueblo gallego y que ya es hora de recuperarlas para siempre”, destacó.


Durante su intervención, criticó el “trasfondo ideológico” del auto del 20 de abril de la Audiencia Provincial de A Coruña que permite a la familia Franco retirar los muebles y ha considerado que el problema de fondo es que “el Estado español no cumple los estándares internacionales de respeto a los derechos de las víctimas”.


Algo que rechazó el diputado del PPdeG Alberto Pazos Couñago, quien aseguró que “la calidad democrática de España y sus tribunales están fuera de toda duda”.


Añadió que la Gobierno autonómico va a “hacer lo que está en su mano” para proteger el patrimonio gallego, pero ha insistido en que muchos de los bienes muebles del Pazo de Meirás son de Patrimonio Nacional, e instó a llegar a un acuerdo porque hay una finalidad común que es “proteger esos bienes y que no escapen al control de la Xunta y del pueblo gallego”.


Trasfondo de la sentencia

Por su parte, el diputado del PSdeG Pablo Arangüena tambiénnegó que exista “ningún trasfondo ideológico” en la sentencia de la Audiencia provincial y ha pedido al BNG no caer en un “populismo judicial”, sino dejar claro que el proceso para recuperar el Pazo de Meirás es “un éxito”.


En todo caso, coincidió en la necesidad de agotar “todas las posibilidades jurídicas” para defender el interés público en esta cuestión, algo que cree que “puede y debe hacer la Xunta”.

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