El Gobierno cubano dio luz verde este miércoles a la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) tanto el sector estatal como en el privado, donde se limitarán a sectores no estratégicos.

El primer ministro, Manuel Marrero, afirmó en una reunión del Consejo de Ministros que las mipymes privadas no podrán funcionar en salud, telecomunicaciones, energía, defensa, prensa y otras áreas que ya estaban vetadas para los trabajadores autónomos en el país.

Esas esferas son estratégicas para el Estado cubano por motivos económicos o político-ideológicos y por ello quedan fuera del alcance de los llamados "cuentapropistas", que representan actualmente el 13 % de la población ocupada en Cuba, según datos oficiales.

Las micro, pequeñas y medianas empresas privadas tampoco podrán constituirse para ejercer algunas de las actividades que sí están permitidas para autónomos como programador de equipos de cómputo, tenedor de libros, traductores e intérpretes y otras, recogió el diario Granma del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

Tras la aprobación de las mipymes, las autoridades cubanas comenzarán a trabajar en las normativas jurídicas necesarias para su establecimiento, indicó el primer ministro.

Marrero remarcó que los anunciados cambios no llevarán a un proceso de privatización, "pues hay límites que no se pueden rebasar". Las decisiones se implementarán "de manera gradual para evitar retrocesos", agregó.

El Estado cubano identifica como actores económicos del país a la empresa estatal socialista (el principal), las cooperativas no agropecuarias, el trabajo por cuenta propia (privado) y las micro, pequeñas y medianas empresas.

La medida llega en un momento crítico para la economía cubana, que se contrajo un 11 % el año pasado a consecuencia de la pandemia de coronavirus, el refuerzo de las sanciones de Estados Unidos y la tardanza en poner en marcha las reformas aprobadas en 2011 para impulsar el ineficiente modelo centralizado.

Esto ha provocado una situación de desabastecimiento grave, con escasez de casi todos los productos y largas colas frente a los comercios en todo el país.

Economistas cubanos y el propio sector han reclamado la eliminación de la lista de actividades permitidas al considerarlas un lastre para la economía, así como una progresiva liberalización de la actividad empresarial.