El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Memoria Democrática, una nueva norma que sitúa a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como eje de la "acción política" del Gobierno y que según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, homologa la legislación española al del resto de países europeos. 

En su primera intervención en una rueda de prensa tras la reunión del remodelado Gabinete de Pedro Sánchez, Bolaños ha puesto énfasis en que la nueva ley, heredera de la Ley de Memoria Histórica de 2007, cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en materia de memoria histórica: verdad, justicia, reparación y deber de memoria.

Para ello, contempla un amplio catálogo de medidas ya recogidas en el anteproyecto que recibió el visto bueno del Ejecutivo el 15 de septiembre y que "ha mejorado", según ha garantizado, tras recoger sugerencias procedentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del movimiento memorialista.

Ha citado el ministro las más significativas, entre ellas la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave o la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.

Eso sí, ha apuntado que la activación de esta Fiscalía no quita las limitaciones que siguen vigentes respecto a la no retroactividad de las normas penales, al tiempo que ha confiado en que durante su tramitación parlamentaria la ley recabe el mayor apoyo posible.

Además, las pesquisas de la Fiscalía permitirán, en su caso, determinar la autoría de algunos crímenes del franquismo, lo que permitirá en ciertos casos determinar la identidad de los responsables, que dado el tiempo transcurrido ya habrán fallecido, por lo que en ese punto concluirá la investigación, ha señalado.

Incluso ha asegurado que el Ejecutivo buscará la "unanimidad" porque entiende que "nadie" puede oponerse a que los familiares de las víctimas recuperen los restos de sus allegados y a una ley que solo quiere rendir homenaje a estas víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

Sobre la posible disolución de la Fundación Francisco Franco como entidad dedicada a la apología del franquismo que estaría incluida en los supeustos de extinción previstos en la norma, Félix Bolaños ha afirmado que no será "inmediata", una vez que entre en vigor tras su aprobación por el Parlamento, y ha augurado que el procedimiento que se podrá abrir seguramente acabará en los tribunales.

También ha recordado que el proyecto impide que pueda haber enterramientos en lugares preeminentes de la Basílica del Valle de los Caídos, algo que, tras la exhumación de Francisco Franco, afecta ahora a los restos del que fue fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, que también tendrán que ser retirados.

Eso sí, ha asegurado que cuando se emprenda su traslado el Gobierno procurará hacerlo "de manera pactada" con los familiares.

No ha querido aventurar el ministro todavía en qué consistirá el proceso de "resignificación" del Valle de los Caídos, a la espera del proyecto que se acometa con el marco legal que se activará al amparo de la ley, sin especificar si se atenderán las demandas más extremas, como la voladura de la enorme cruz que preside el enclave.

Sí ha aclarado que si la Ley de Memoria Democrática no entra en la reparación o compensación económica a las víctimas de la dictadura y a quienes sufrieron pérdidas patrimoniales es porque ya a lo largo de la democracia se han abordado compensaciones a más de 600.000 personas por valor de 21.600 millones de euros.

El hecho de que esta ley no genere ese "derecho adicional", ha concretado, no significa que no se hayan acometido compensaciones, una parte de la responsabilidad que el Gobierno considera ya "suficientemente cubierta" por lo que ahora el paso "más allá" que quiere dar "es el paso de la dignidad".