La mayoría de los 34 ex altos cargos del Govern a quienes el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros de fianza por los gastos de promoción del "procés" en el exterior depositarán bienes y propiedades personales para cubrir el máximo de la suma exigida en el plazo fijado, que vence mañana.

Según han informado fuentes jurídicas a Efe, los encausados en el Tribunal de Cuentas han optado por garantizar la fianza con su patrimonio personal, a lo que se sumaría el dinero recaudado en la llamada "Caja de Solidaridad", puesto que el Govern no ha encontrado ningún banco para avalar esas cantidades y ha descartado hacerlo a través del Institut Català de Finances (ICF) para no comprometer a los profesionales de la entidad.

En paralelo, los abogados de algunos de los encausados se plantean presentar alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, lo que podría permitirles ganar unos días para depositar las fianzas, mientras el Govern sigue buscando una entidad bancaria que acceda a entrar en la operación, a través del Fondo Complementario de Riesgos creado por el ejecutivo catalán.

Un total de 31 de los 34 ex altos cargos del Govern afectados, entre ellos Artur Mas, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, se habían acogido al Fondo Complementario de Riesgos creado por el Govern para avalar las fianzas.

De acuerdo con el decreto que aprobó el Govern, el Fondo funcionaría con un mecanismo similar al de un seguro privado: una entidad financiera avalaría las fianzas, con un contraaval de la Generalitat que se canalizaría a través del ICF.

No obstante, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha anunciado hoy que ninguna entidad bancaria consultada se ha prestado a colaborar en la operación y que la alternativa de que el ICF se haga cargo provisionalmente de las fianzas se ha descartado para no comprometer a los profesionales de la entidad.

Ante esa situación, los encausados tienen previsto de momento presentar garantías personales para cubrir de esa forma el máximo posible de las fianzas que les exige el Tribunal de Cuentas.

Las sumas que afianzar podrían completarse con los fondos obtenidos por la Caja de Solidaridad -que en los últimos días cifraba lo recaudado en cerca de un millón de euros- y con las aportaciones que puedan hacer los partidos y entidades independentistas.

Si los ex altos cargos encausados no garantizan los 5,4 millones de euros antes del plazo máximo fijado por el Tribunal de Cuentas, que vence mañana, se podría iniciar el proceso de embargo de sus propiedades para asegurar esas cantidades.

Los 5,4 millones deben ser abonados, de forma solidaria, por el conjunto de los 34 ex altos cargos a los que se mantiene la acusación, después de que otras ocho personas fueran exoneradas una vez la delegada del Tribunal de Cuentas escuchó sus alegaciones.

La instructora fijó una cantidad máxima de la que es responsable cada acusado, con el ex secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) Albert Royo con la mayor suma, un total de 3,6 millones.

A Puigdemont y a Junqueras les exige 2 millones a cada uno; a Mas, 2,8 millones; a Homs, 2,9; al exconseller Raül Romeva, 2,1; y a la ex interventora general de la Generalitat Mireia Vidal, 3,1 millones.