La Policía Nacional investiga si el joven de 20 años agredido el pasado domingo en el madrileño barrio de Malasaña conoce a sus atacantes y si algún conflicto o rencilla personal está detrás de la agresión protagonizada por ocho encapuchados que le grabaron con un cuchillo en el glúteo la palabra "maricón".

El ataque ha vuelto a centrar este miércoles buena parte del debate político y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que se pondrán "todos los medios para evitar delitos de odio": "No habrá otra vez armarios", ha asegurado en un acto con los parlamentarios socialistas.

Fuentes próximas a la investigación de la última agresión han asegurado este miércoles a Efe que los agentes han revisado el móvil del joven y sus redes sociales para averiguar si alguien de su entorno está relacionado con los hechos.

Las imágenes grabadas por las numerosas cámaras instaladas en la zona, la mayoría de control del tráfico y que hasta el momento han visionado los agentes no ha aportado novedades, si bien aún quedan por analizar más grabaciones. Tras hablar con comerciantes y testigos, tampoco se han encontrado testigos.

Por todo, las fuentes consultadas han calificado de "compleja y difícil" la investigación y ven clave el testimonio de la víctima, que ha prestado declaración en dependencias policiales en varias ocasiones.

Aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis, la principal pesquisa que se sigue es la de que los agresores conocían a la víctima y fueron directamente a por él por alguna razón que todavía no está clara.

"Ni un paso atrás; vamos a seguir avanzando en tolerancia, respeto e integración en la diversidad. Esto quiere España porque es lo que es España. En España no hay lugar contra el odio", ha recalcado Pedro Sánchez, que el viernes presidirá la Comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio.

También se ha pronunciado este miércoles el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, quien ha mostrado su preocupación por el aumento de agresiones homófobas y ha instado a toda la sociedad, y especialmente a los poderes públicos, formaciones políticas y medios de comunicación, a "combatir firmemente cualquier mensaje intolerante".

Similar llamamiento ha hecho la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha pedido enfrentarse a los discursos de odio en todos los ámbitos, desde los bares a los lugares de trabajo, y ha vuelto a señalar a Vox como una de las formaciones políticas están extendiendo ese peligroso discurso.

"Es tarea de todos y de todas frenar los mensajes de odio, combatir sus mentiras y sus bulos y asegurar en nuestro entorno mas cercano que todas las personas pueden ser quienes son", ha coincidido la ministra de Igualada, Irene Montero, en un vídeo en Twitter.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, ha pedido al PP que no sólo condene las agresiones homófobas, sino también "los discursos de odio que hace Vox".

Ante las diversas acusaciones, directas o veladas, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha tachado de "miserables, cínicos y desgraciados" a quienes les responsabilizan de las agresiones homófobas y ha sostenido que su formación es la "única" de España que "condena enérgicamente cualquier tipo de ataque".

Además, ha destacado su apoyo al joven de Velada (Toledo), simpatizante de Vox, que fue víctima de una agresión homófoba también este fin de semana.

Se une esa agresión a la que ha denunciado un joven trans en Valencia tras ser agredido a puñetazos y patadas por un hombre en la madrugada del martes.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, desde principios de año hasta finales de julio se habían registrado en España 748 incidentes susceptibles de ser considerados delitos de odio, la mayoría motivados por racismo o xenofobia.

Basándose en esas estadísticas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido de que "no se puede calificar a Madrid como una ciudad homófoba” y ha acusado a la izquierda de señalar constantemente a la capital, cuando Barcelona, con menos población, duplicó el número de agresiones de este tipo en 2019.