El PSOE ha dado su visto bueno a la toma en consideración de una propuesta de reforma del Reglamento del Senado promovida por JxCAT para poder usar sin restricciones el catalán, el gallego y el euskera en toda la actividad parlamentaria de la Cámara, ahora limitado el debate de mociones en el pleno.

El apoyo del grupo socialista a la iniciativa garantiza que podrá ser estudiada por la Comisión de Reglamento de la Cámara Alta, al sumar a sus votos mayoritarios los de las formaciones nacionalistas e independentistas y también los de los senadores autonómicos de izquierda que conforman el grupo de la Izquierda Plural.

El rechazo de los senadores del grupo popular, de Ciudadanos y Vox anunciado durante el debate plenario será insuficiente para parar la toma en consideración cuando finalice el plazo para la votación telemática a última hora de la mañana.

Al defender la reforma, el portavoz de JxCAT, Josep Lluís Cleries, ha recalcado que universalizar el uso de las lenguas cooficiales en el Senado "no va contra nada ni contra nadie" y frente a quienes critican que la medida pueda acarrear un coste de casi un millón de euros ha dicho que "normalizar" en la Cámara el empleo de estas lenguas "nunca puede considerarse un derroche".

Por el contrario, la senadora del PP Alicia Sánchez Camacho, ha rechazado en un discurso muy vehemente convertir el Senado en una "torre de Babel de idiomas que no entendemos" salpicada de "auriculares y traductores" y cuyo coste, que ha calificado de "disparate", no deben asumir los españoles.

El propio Cleries ha calculado en unos 950.000 euros el coste económico de la reforma reglamentaria, pero la senadora popular ha alertado de que podría triplicarse, como ya ocurrió en 2010, cuando se auguró que permitir el empleo de lenguas cooficiales en el debate de mociones supondría 70.000 euros al año y ahora la institución paga 300.000 euros por intérpretes y traductores.

El debate ha estado salpicado de referencias a la condición de Cámara Territorial del Senado, principal argumento de JxCAT para defender la modificación, pero también de alusiones a la política lingüística de la Generalitat en Cataluña, donde según los portavoces del PP, Cs y Vox no se respeta a los castellanoparlantes.

Sánchez Camacho ha criticado especialmente a Cleries que definiera España como un estado "plurinacional y plurilingüe", algo que ella no cree cierto, y si bien ha asegurado que el PP defiende todas las lenguas cooficiales, también ha remarcado que la Constitución dice en su artículo 3 que el castellano es la lengua oficial y que las demás lo son en sus respectivas comunidades.

Al coste económico también se ha referido el portavoz de Vox, Jacobo González Robatto, quien ha dicho que gastar "un millón de euros en un capricho es una auténtica barbaridad" en tanto que la senadora de Cs María Ponce Gallardo ha pedido a JxCAT que proteja los derechos "maltratados" de los castellanoparlantes en Cataluña.

La propuesta, que podrá ser sometida a enmiendas y modificaciones en la Comisión de Reglamento, plantea cambiar el Reglamento para que el catalán, el gallego y el euskera se puedan utilizar en todos los plenos, incluidas las sesiones de control con preguntas al Gobierno, así como en las comisiones y en toda la actividad parlamentaria.

Busca igualmente dar un completo respaldo al uso "oral y escrito" de estas lenguas, extendido incluso a las publicaciones del Senado y a los escritos que se presentan en su Registro.

La senadora socialista Margarita Adrio ha anunciado el voto favorable de su grupo tras invocar el enriquecimiento que las lenguas suponen en el patrimonio cultural del un país y ha considerado que es preciso avanzar en su empleo en el Parlamento.

Del mismo modo ha avalado la toma en consideración ERC, cuyo senador Josep Maria Reniu había advertido de que "muy pocos creen de verdad" que el Senado sea un Cámara Territorial y que supondría "un desprecio absoluto" no votar a favor.

Del mismo modo, el senador del PNV Imanol Landa ha apuntado que se trata de una "cuestión política y de sentido común" y los senadores de Izquierda Confederal han coincidido en que no se pretende más que reconocer una realidad que ya se da en la sociedad.