La Inspección de Trabajo ha convertido en indefinidos 280.565 contratos temporales en lo que va de año, al tiempo que ha dado de alta en la Seguridad Social otros 50.191 empleos irregulares.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que durante los cinco primeros meses del año la Inspección ha elevado su actividad un 355%, lo que representa un dato récord de su serie histórica.

Durante la presentación del nuevo plan estratégico para modernizar la Inspección de Trabajo, la ministra ha explicado que este organismo autónomo cuenta con un presupuesto propio con este Gobierno y que ha sido elevado un 20% este año.

La ministra ha recordado las campañas realizadas por la Inspección en la agricultura, para las trabajadoras del hogar o con el cruce de datos para controlar los contratos temporales con duración superior a 24 meses, actuaciones que “han servido para convertir en indefinidos 267.000 contratos de trabajo”.

Asimismo, ha detallado que la Inspección ha incoado 44.393 expedientes relacionados con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de los que 35.190 han finalizado y, de ellos, tan sólo 5.832 han culminado con resultado sancionador.

Plan de modernización

El Consejo de Ministros ha aprobado un plan estratégico que moderniza la Inspección de Trabajo y la dota de las herramientas y recursos necesarios para garantizar su adaptación a los nuevos desafíos en el ámbito laboral y para anticiparse al fraude.

Según Yolanda Díaz,este plan “cambia el paradigma de la Inspección tal y como la conocemos”. El plan contempla transformaciones estructurales de la Inspección para readaptar su actividad a los cambios económicos y sociales que se han visto acelerados con la pandemia, mediante una actualización de sus estrategias y planes de intervención con los que hacer frente “a las formas de fraude laboral más novedosas”.

El plan crea una oficina estatal de lucha contra la discriminación, para combatirla de forma real y eficaz, ya sea de género, por discapacidad o condición sexual, por ejemplo.

Asimismo, configura una unidad especial centrada en la lucha contra el fraude en el trabajo transnacional, para detectar empresas buzón radicadas en España y que operan en otros países de la Unión Europea y viceversa.

La modernización de la Inspección pasa además por impulsar las nuevas tecnologías y el big data en el diseño de las actuaciones inspectoras y por incorporar perfiles para afrontar los nuevos retos que surgen con la mayor movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales, el comercio electrónico, las cadenas globales de suministro o las nuevas condiciones de trabajo.

Según ha explicado Díaz, el plan prevé reforzar la intervención de la Inspección en el caso de despidos colectivos, suspensiones de contratos y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, así como ampliar sus competencias para intervenir cuando haya inaplicaciones de convenios colectivos.

La Inspección de Trabajo se acercará a la ciudadanía promoviendo la entrega de documentación en formato electrónico y unificando los cauces de denuncia con la creación de un sistema de remisión electrónica como una de las medidas destacadas.