La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció que los promotores eólicos deberán firmar PPAs (acuerdos de compraventa de energía a largo plazo) con las empresas gallegas por “al menos el 50% de la energía producida”, con lo cual se garantiza que ese 50% “va a permanecer en Galicia”.

Durante su comparecencia en el pleno del Parlamento, a petición propia, para explicar las líneas generales de su departamento, también anunció que la Xunta prevé proceder, antes de finales de año, a la convocatoria de 60 derechos de explotación minera en las cuatro provincias.

Sobre la energía eólica, destacó que con la nueva obligatoriedad para los promotores se dará acceso a las pequeñas y medianas empresas a los PPAs, una capacidad que ahora no tenían.

Además, esta condición, que sigue los principios de la ley de recursos naturales y anticipa el nuevo plan eólico anunciado por la Xunta “supone que ese 50% de energía de los parques eólicos quedará fuera de las fluctuaciones de los precios del gas en Galicia”, aseguró.

La conselleira relató diez medidas, cinco en política industrial y otras cinco, entre las que se encuentra la elaboración del plan eólico, que tardará “más de dos años” en aprobarse, admitió. El principal objetivo “no es otro que el desarrollo de Galicia” para que pueda “posicionarse desde el punto de vista económico en el mercado europeo”, concluyó, ya que la comunidad cuenta con “una buena base”, en cuanto a empresas, recursos naturales, talento humano y planificación.

En este sentido, dijo a la oposición que tendía la mano “al diálogo” y les pidió que “demuestren su compromiso” con Galicia apoyando las medidas propuestas.

“Bandazos” e “improvisación”

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias criticó que la Xunta va “sin estrategia, ni rumbo fijo” tanto en política económica, como industrial y energética, con “parches y más parches” y la estrategia de que “todo lo que va mal es culpa del Gobierno central”, por lo que le reclamó a Lorenzana más lealtad institucional. 

Iglesias habló de “bandazos continuos” en política energética y un “caos” en la eólica, con más de 70 parques paralizados por la justicia, mientras la nueva planificación tardará al menos dos años, por los trámites para la aprobación, y “llega tarde, mal y a rastras”.

En denunciar estos “bandazos” coincidió el BNG, que aseguró que la Xunta no tiene “hoja de ruta” para la política industrial, sino que va “improvisando”, con medidas como la avanzada ayer de reservar un 50% de la energía eólica para empresas gallegas, un nuevo “anuncio para la galería”, según el diputado nacionalista Brais Ruanova. 

También incidió en la “privatización” de los recursos naturales que supone la ley en esta materia, a la que se refirió como “ley de depredación”, y la creación de la sociedad de Recursos de Galicia, con solo un 30% de participación pública, por lo que el modelo del PP es “poner los recursos de Galicia al servicio del beneficio de las multinacionales”, insistió.

Por su parte, el único diputado del Grupo mixto, Armando Ojea (Democracia Ourensana), volvió a incidir en la “discriminación” de la provincia de Ourense tanto en los presupuestos como en la política energética e industrial.

Para el diputado del PPdeG Rubén Lorenzo la oposición está anclada en un “discurso catastrofista”, “demagógico” y “cortoplacista”, sin apreciar la “mayor reforma” de la normativa energética e industrial que plantea la conselleira, que les ha “cogido a contrapié” porque “se les cayeron todos sus mantras de expolio y depredación” que siempre repiten, indicó el popular.